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La Plataforma de Defensa de Áreas Protegidas Abel Iturralde y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) denunciaron que la cooperativa aurífera 14 de Mayo, cuyo uno de los accionistas es el actual alcalde de Ixiamas Félix Layme, destruyó y contaminó el río Tequeje.
La comunidad indígena tacana Carmen Pecha, provincia Iturralde del departamento de La Paz, tenía como fuente de subsistencia ese río, pero ahora ya no existe agua ni peces para consumo.
La cooperativa 14 de Mayo comenzó a operar sobre ese afluente desde el 2006. En estos 18 años de explotación aurífera, las riberas del río fueron deforestadas, modificado y ampliado su cauce; sus aguas y sus suelos fueron contaminadas con mercurio. Además, en los últimos 10 años, otras cooperativas mineras comenzaron a trabajar sobre territorios de la comunidad de Carmen Pecha, despojando los terrenos de siembra de los comunarios.
“El actual alcalde de Ixiamas Felix Layme Yanahuaya es accionista de la Cooperativa 14 de Mayo, en ese sentido es también un minero cooperativista y desde su cargo como autoridad edil promueve la expansión minera sobre las áreas protegidas municipales que resguardan las fuentes de agua para la población de Ixiamas. Además, las actividades extractivas auríferas del alcalde Layme afectan áreas naturales protegidas de categoría nacional como el Madidi con promover la incursión de la minería a esta área”, dice el comunicado que emitieron las dos instituciones.
Los pobladores desconocen si esas actividades auríferas son legales y tienen el aval de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) porque nadie realizó la consulta previa; en caso de que así fuera, ninguna cumple con las normas ambientales porque están causando graves daños al ecosistema.
“Exigimos la paralización inmediata de todas las operaciones mineras en el Río Tequeje y territorio de la comunidad Carmen Pecha, considerando que ya van 18 años violando los derechos del Río Tequeje y de la comunidad, quitándoles a sus habitantes su fuente de alimento básico como son los peces, sus áreas de cultivo, destrucción de sus fuentes de agua y contaminación acústica que sufren, porque las dragas hacen ruido día y noche”, dice otra parte del pronunciamiento.
Los defensores del medio ambiente piden a los organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia con los privilegios inconstitucionales que otorga el gobierno boliviano al sector minero, a los capitales del empresariado nacional y transnacional que realizan actividades extractivas en áreas protegidas.
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