Guardaparques bolivianos. Foto: Erbol.
Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación laboral de las y los guardaparques y Jefes de Protección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a raíz de la instrucción emanada del Gobierno de poner sus cargos a disposición para trabajar en una reestructuración institucional. En criterio de la entidad defensorial, este hecho podría derivar en desvinculaciones, precarización e inestabilidad laboral.
«Los procesos de reestructuración del Estado pueden constituir decisiones legítimas de gestión pública; sin embargo, su implementación debe observar las garantías constitucionales y los derechos laborales, evitando medidas arbitrarias o desproporcionadas y procurando que no se produzcan retrocesos en la protección efectiva de los derechos humanos y ambientales, ni afectaciones a la protección de la Madre Tierra», se lee en el documento.
El 28 de agosto, el ministro de Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Óscar Justiniano, pidió a todo el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluidos los 143 guardaparques, que pongan “sus cargos a disposición” mientras el organismo define su nueva estructura.
A partir de la denuncia pública presentada por la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), la Defensoría del Pueblo informó que activó, de oficio, una investigación con el propósito de prevenir posibles vulneraciones de derechos y verificar que las medidas administrativas adoptadas se ajusten a la Constitución, la normativa vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, ese mismo día, notificó al ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua con un Requerimiento de Informe Escrito (RIE), mediante el cual solicitó información y documentación relacionada con la situación laboral de las y los servidores públicos involucrados y las medidas adoptadas respecto a la continuidad de sus funciones. A la fecha, la respuesta a dicho requerimiento se encuentra dentro del plazo establecido.
De manera paralela, la Defensoría del Pueblo solicitó una audiencia informativa urgente con la máxima autoridad de esa cartera de Estado, con el propósito de expresar la importancia de garantizar la protección de los derechos de quienes cumplen funciones de custodia, vigilancia y conservación en las áreas protegidas, así como de valorar su experiencia y especialidad técnica adquiridas en el trabajo de campo.
Guardaparques en estado de emergencia
Ante la determinacion ministerial, los guardaparques se declararon en estado de emergencia y exigen al Ejecutivo anular la disposición. En declaraciones al medio Visión 360, el presidente de Abolac, Marcos Uzquiano, explicó que hacen las gestiones para que la autoridades desistan de esa medida.
“Lo que nosotros hemos resuelto primeramente es exigir al ministro que le ponga o pueda anular esta instructiva, esta petición, dejarla sin efecto, esa es una de las primeras peticiones que estamos haciendo”, indicó.
Además, demandó del Gobierno fortalecer la institucionalidad del trabajo que desarrollan. En lugar de pedir los cargos de los guardaparques, el Ejecutivo debería trabajar «en la implementación o en la gestión de planes, programas y proyectos para fortalecer esta gestión y también para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades de los territorios indígenas que habitan dentro de las áreas protegidas”.
