Protestas en 2025. Foto: Visión 360
Bolivia atravesó en 2025 su crisis más profunda en décadas, marcada por un deterioro severo de los derechos humanos, una inflación cercana al 25% y una conflictividad social desbordada, según el informe anual de la Defensoría del Pueblo. El escenario estuvo dominado por la escasez crítica de combustibles, la falta de divisas y una crisis judicial que ha dejado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) funcionando con apenas tres de sus nueve miembros.
«Bolivia enfrentó su peor crisis en décadas, con una inflación cercana al 25%, escasez crítica de combustibles y restricciones en la liquidez en dólares, que generaron un clima de frustración y desconfianza hacia las instituciones. El desabastecimiento de productos básicos, la especulación en mercados locales, el incremento de los costos de la canasta familiar, repercutieron de manera más drástica en la economía de la población en situación de vulnerabilidad», establece el informe defensorial.
Durante el año se registraron 841 conflictos sociales, impulsados principalmente por demandas económicas y laborales. El punto más crítico ocurrió en junio, cuando bloqueos de carreteras protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales resultaron en ocho personas fallecidas y 173 heridos, reflejando un clima de extrema violencia e inseguridad ciudadana.
En el ámbito de la justicia, el informe advierte un «grave riesgo de impunidad» en los casos de las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, luego de que las autoridades judiciales se declararan incompetentes para juzgarlos por la vía ordinaria, anulando los obrados previos. Esta situación se suma a la inestabilidad del Órgano Judicial tras el fin de la prórroga de los magistrados «auto-prorrogados», lo que ha dificultado la resolución de procesos y el acceso a la justicia.
La situación en las cárceles bolivianas también alcanzó niveles de alarma con un hacinamiento del 169%. El sistema penitenciario mostró su incapacidad para garantizar la vida de los internos, ya que las muertes violentas en custodia se duplicaron, pasando de 9 casos en 2024 a 18 en 2025.
A pesar del contexto crítico, se registraron avances legislativos estructurales como la prohibición total del matrimonio infantil (Ley 1639), la creación de protecciones para huérfanos de feminicidio (Ley 1680) y leyes contra la violencia sexual digital. En materia ambiental, si bien la superficie quemada por incendios forestales se redujo en un 83% gracias a pausas ecológicas, la minería ilegal y el uso de mercurio persisten como amenazas crecientes para los pueblos indígenas y el medio ambiente.
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