Reunión de la Defensoría del Pueblo con representantes de las familias expulsadas y autoridades de la TCO Alto y Bajo Isoso. Foto: CEJIS
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La Defensoría del Pueblo abrió caso de oficio sobre el desalojo forzado y violento sufrido por más de 40 familias de la comunidad Yoquiday 27 de Mayo, ubicada en Santa Cruz, en diciembre de 2021, cuando perdieron absolutamente todos sus bienes. Al momento, las familias están dispersas en distintas zonas de la ciudad y del departamento, sin encontrar justicia a su situación.
El 22 de diciembre de 2021, las familias del pueblo ayoreo de Yoquiday 27 de Mayo fueron expulsadas con violencia de sus viviendas y vieron quemadas sus pertenencias, incluidas motos, herramientas y una bomba de agua. Vilma Etacoré, una de las mujeres expulsadas, recuerda que perdieron hasta sus vasos y cucharas para servirse la comida.
El pasado martes, la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, con su representante Sheila Gómez, se reunió con dirigentes del pueblo ayoreo, representantes de las familias expulsadas y autoridades de la TCO Alto y Bajo Isoso para conocer en primer lugar las dimensiones de problema. En 2021 y 2022, cuando las familias denunciaron el desalojo forzado, las autoridades de la Fiscalía y la Policía no dieron seguimiento al tema.
Yoquiday 27 de Mayo había sido creada en mayo de 2021 a partir de la migración del grupo de familias desde otra comunidad ayorea, Poza Verde. Tanto Poza Verde como Yoquiday 27 de Mayo están enclavadas en la Chiquitanía, zona del agronegocio cruceño y región de presencia de colonizadores interculturales y colonias menonitas.
El dirigente Daniel Picanerai cuenta que las autoridades de la TCO Alto y Bajo Isoso les cedieron esa tierra para vivir: “En el año 2010, la comunidad Poza Verde solicitó 3.500 hectáreas al excapitán Bonifacio Barrientos. Hicieron un acuerdo, un documento firmado y les dieron a los ayoreos de la comunidad Poza Verde. Entonces, en el año 2020 queríamos ir ya, fuimos al INRA y fuimos a mirar el predio, la tierra que había sido de los indígenas”.
El área en la que se asentó la comunidad Yoquiday 27 de Mayo forma parte del territorio ancestral ayoreo que, si bien fue titulado a favor del pueblo guaraní de Alto y Bajo Isoso, contaba con la posesión de ambos pueblos fruto de su relación interétnica.
Paralelamente a la acción de la Defensoría del Pueblo, la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y el CEJIS preparan una denuncia para presentarla a la 60° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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