Un puesto de tomate en la zona de Garita de Lima en La Paz. Foto: ANF
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre un riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia, debido al alza sostenida de los precios de productos de consumo masivo. Un monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo entre junio y agosto de 2026 estableció que el porcentaje de hogares que no logra cubrir el gasto destinado a la alimentación aumentó del 63% al 76% durante ese periodo.
“Persiste el riesgo en el ejercicio del derecho a la alimentación y afecta a la dignidad de las personas, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Reiteramos, es un alza sostenida y no coyuntural que está limitando el derecho a la alimentación (…) Es una alerta a las autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes”, afirmó Callisaya en conferencia de prensa.
El monitoreo analizó el comportamiento de los precios de una canasta de 21 productos de consumo masivo, entre alimentos secos, verduras, frutas y carnes, seleccionados con base en el listado del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus resultados, el presupuesto familiar resulta insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de una parte de los hogares.
El informe cualitativo también identificó cambios en las estrategias que adoptan las familias para cubrir sus necesidades nutricionales. Entre las personas adultas mayores, personas con discapacidad y jefas y jefes de hogar se reportó la compra de alimentos de menor precio, la reducción del número de comidas al día y la eliminación de determinados productos de la alimentación.
Además, algunas familias recurren al apoyo de familiares o instituciones, utilizan sus ahorros o solicitan alimentos prestados para cubrir sus necesidades.
Ante estas conclusiones, la Defensoría del Pueblo emitió cuatro recomendaciones urgentes dirigidas a diferentes niveles del Estado. Al nivel central, mediante los ministerios de Desarrollo Productivo y Rural y Agua, pidió fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento de precios para adoptar medidas que permitan mejorar la accesibilidad económica de los alimentos.
A los gobiernos departamentales y municipales, además del Ministerio de la Presidencia, recomendó coordinar programas de apoyo y realizar un seguimiento continuo para garantizar el acceso a alimentos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En el caso de los gobiernos municipales, la institución pidió intensificar los operativos periódicos de control en los mercados locales para verificar el cumplimiento del peso y la medida justa. También recomendó fortalecer los mecanismos de atención y recepción de denuncias ciudadanas relacionadas con sobreprecios y el incumplimiento del peso justo.
La Defensoría del Pueblo habilitó la línea gratuita 800 10 8004, el WhatsApp 720 06 607 y su sitio web para recibir consultas y denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos.
