Foto archivo ANF: Marcha de los indígenas del TIPNIS.
La consulta previa no puede convertirse en un mecanismo administrativo que se imponga sobre el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades a decidir su propio modelo de desarrollo. Así lo advirtió Claudia Flores, jefa de la Unidad de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Madre Tierra de la Defensoría del Pueblo, al señalar que la libre determinación constituye un derecho vinculante que debe ser respetado por el Estado frente al avance de las actividades mineras.
Durante el conversatorio “¿Es posible una minería responsable en Bolivia? Retos para un desarrollo sostenible”, Flores cuestionó la forma en que se aplica la Consulta Previa, Libre e Informada en el país. Según explicó, en la práctica este mecanismo ha sido reducido a un procedimiento formal de socialización, sin garantizar que las decisiones y observaciones de las comunidades afectadas sean consideradas antes de otorgar o adecuar derechos mineros.
La representante defensorial sostuvo que existe una diferencia fundamental entre la consulta previa, frecuentemente interpretada como no vinculante, y la libre determinación de los pueblos, reconocida por la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de la Madre Tierra y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este último derecho comprende la facultad de decidir democráticamente la vocación productiva de sus territorios y las condiciones de vida que desean preservar.
Flores también alertó sobre prácticas que generan divisiones dentro de las comunidades, como considerar aprobada una consulta cuando determinados dirigentes o grupos acuerdan con operadores mineros, sin incorporar a las familias y sectores que no participan de esa actividad. Advirtió que estas actuaciones restringen la participación efectiva y pueden vulnerar las garantías establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú.
Como ejemplo de autodeterminación territorial, mencionó a municipios como Palos Blancos, Alto Beni, Caranavi, San Buenaventura y Viacha, donde existen decisiones comunitarias orientadas a frenar el ingreso de la minería aurífera para proteger los suelos, las fuentes de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
En ese contexto, remarcó que los denominados derechos preconstituidos y las autorizaciones administrativas no pueden justificar vulneraciones a los derechos a la vida, la salud, la alimentación y un medio ambiente sano. Particularmente, advirtió sobre los riesgos de la contaminación del agua por metales pesados, como el mercurio.
Finalmente, planteó restablecer una consulta previa que garantice información, participación y consentimiento conforme a los estándares internacionales; incorporar a los pueblos indígenas desde el inicio en la elaboración de políticas y normas mineras, y revisar disposiciones que flexibilicen las licencias ambientales, entre ellas la Resolución Ministerial 069/2026.
También instó al Estado a brindar apoyo económico, técnico y financiero a los municipios que priorizan la protección ambiental y la producción de alimentos.
