Es 1995. De manera cercana, Rosemary Irusta es testigo de cómo dos familias pierden su hogar en la ciudad de Cochabamba, con un factor en común: las dos madres de familia son de escasos recursos y sufren de la violencia machista. Irusta, por entonces, era parte de la Red Mujer y Hábitat, una institución abocada al acceso al hábitat con un enfoque de equidad de género.
No fue hasta el 21 de septiembre de 1999 cuando, en un compromiso por apoyar a estas mujeres víctimas de violencia para que gocen del derecho a la vivienda, que Irusta, con el respaldo de otras mujeres, encabeza la compra de un área, inicialmente de seis hectáreas, pero que a la postre termina siendo de 20, para dar nacimiento a la Comunidad María Auxiliadora, caracterizada por ser una zona de “propiedad colectiva y comunitaria”, con estatutos y reglamentos, pero sin personería jurídica por, comenta la defensora, “obstáculos administrativos” que impidieron el registro de las tierras a nombre del colectivo.
“María Auxiliadora era una comunidad colectiva, era la primera propuesta. La propiedad colectiva era para que no entren las personas que tenían vivienda, porque se les iba a ser difícil, siendo propiedad colectiva, vender esa propiedad. Eso iba a ayudar a que realmente ingresen las personas que necesitaban una casa. En principio fue para mujeres jefas de hogar, porque es más difícil para ellas, por el trabajo y el sueldo, acceder a un crédito para terreno o vivienda”, explica Irusta, en entrevista con el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
Los terrenos, mayormente de 200 metros y vendidos en ese entonces a aproximadamente 600 dólares, se encuentran en la zona Sur de Cochabamba, en el distrito 9, en un área denominada Sivingani El Rincón, una serranía pedregosa y rocosa.
Un total de 496 familias se beneficiaron con esta iniciativa que tuvo el respaldo, también, de instituciones como Fundación Pro Hábitat y Hábitat para la Humanidad, que ofrecieron créditos para la construcción de viviendas a diferente escala. Según cuenta Irusta, al ser una propiedad colectiva, lograron con el apoyo de varias familias construir aceras, calles, áreas verdes y de equipamiento. Fue una salida no sólo a problemas de vivienda o violencia, sino que permitió generar una conciencia colectiva de hogar.
Fue así que Irusta logró alcanzar su objetivo de, por al menos 10 a 12 años, que familias enteras gozaran de un techo y de un espacio comunitario. Para ella, según dice, era cumplir con una meta que se había propuesto como defensora de los derechos a la vivienda para personas en situación de pobreza y violencia, ya que, en esos años, desarrollo era sinónimo de salud, educación o trabajo, más no así del derecho a vivir sin violencia en un hábitat sano y accesible.
Es en 2011 cuando las cosas empiezan a cambiar, y lo que había comenzado como un sueño se convertiría en un calvario. Desde ese año, explica la defensora de derechos, surgen grupos de vecinos que, encabezados por sus dirigencias, deciden desconocer la propiedad colectiva de la Comunidad María Auxiliadora y determinan exigir a Irusta el derecho propietario individual de sus viviendas, a costa de amenazas y posteriormente de procesos legales.
“Los problemas empiezan en 2011. Me acusan de estafa y estelionato, totalmente falso (…). Fueron varios juicios por una misma razón, hacen que me acusen y me mandan al penal (de San Sebastián) por cuatro meses”, recuerda Irusta, quien especifica que, luego del hecho, se vio forzada a renunciar a la propiedad colectiva y a otorgar a los vecinos de Sivingani El Rincón las minutas de transferencia individual de sus viviendas, pero chocó con otro obstáculo, el reconocimiento legal de la propiedad colectiva en instancias como la Alcaldía, el Concejo Municipal de Cochabamba y Derechos Reales, que han “burocratizado”, en el ámbito que les corresponde, el traspaso de la propiedad colectiva al ser, justifican, un área urbana.
Irusta considera que “en 2011 se rompió toda la esencia de lo que era la Comunidad María Auxiliadora” y este sector pasó a ser una “OTB más de la ciudad”.
Hoy la defensora de derechos atraviesa un nuevo problema. Algunos vecinos de Sivingani El Rincón iniciaron hace unas semanas una campaña de acoso y violencia mediática en contra de ella, difundiendo videos en redes sociales en los que se la acusa de ser una “loteadora” y de “atropellar” a los vecinos.
Consultada sobre las razones que motivan este nuevo ataque, Irusta, que entre 2011 y 2013 fue presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, considera que tiene que ver, entre otros temas, con uno económico: lograr el usufructo de los terrenos, cuyo costo creció considerablemente desde 1999. “La comunidad fue hecha para personas que necesitaban vivienda, pero ya con estas otras personas es otra la situación, ahí hay un tema económico”, finaliza.
Mientras tanto, Irusta continúa pagando los impuestos del área y espera que, cuando el conflicto legal y administrativo se resuelva, pueda transferir las propiedades sin ninguna observación. “Yo estoy dispuesta”, asevera.
Análisis
La labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, el uso indebido de procesos judiciales para perseguir y amedrentar a las y los defensores de derechos humanos atenta contra esa labor e impide la actividad de promoción y defensa de derechos, además, produce temor en otras y otros defensores y puede resultar en silenciar sus reclamos y reivindicaciones.
Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de forma legítima reclaman el respeto y la protección de los derechos.
A su vez, operadores de justicia deben considerar si la persona acusada tiene la calidad de defensora de derechos y el contexto de los hechos, lo cual permitirá identificar si la denuncia fue empleada como mecanismo para obstaculizar su labor y amedrentarla.
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