Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presenta acción popular. Foto: Defensoría del Pueblo
La mañana de este miércoles, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, interpuso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular en contra de tres ministros de Estado, tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que actualmente proliferan en el país y que son catalogados como un desastre ecológico.
Las autoridades citadas con la acción popular presentada por la autoridad defensorial son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.
La acción popular expone una serie de datos sobre incendios forestales que incluye información desde el 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: 1) La falta de prevención y 2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.
El documento resalta cinco aspectos clave que requieren acciones concretas. En primer lugar, sobre el derecho a un medio ambiente sano vinculado con la salud pública, se señala que ninguno de los niveles estatales ha actuado conforme a la normativa vigente. Si hubieran cumplido con sus deberes en cuanto a prevención y alertas tempranas, el escenario actual sería menos desfavorable. Los otros aspectos se refieren a los derechos de la Madre Tierra, relacionados con la biodiversidad y las áreas protegidas; los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOCs) en lo que respecta a la tierra, el territorio y la territorialidad; la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario; y la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales.
La acción popular identifica una omisión de las autoridades accionadas que vulnera derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes “han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades” en diferentes aspectos como: competencias de los gobiernos autónomos municipales, de los gobiernos autónomos departamentales y la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
En ese marco, el Defensor del Pueblo reiteró el compromiso institucional de defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra, resaltando la importancia de asumir una responsabilidad por la actual y futuras generaciones.
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