El defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, propuso la construcción de una hoja de ruta nacional para avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Bolivia, durante un taller dirigido a funcionarios públicos y actores vinculados a la gestión ambiental.
La iniciativa busca identificar oportunidades, desafíos y próximos pasos para aplicar este tratado regional, con un enfoque participativo e inclusivo. “Este proceso permitirá contar con las herramientas necesarias para trabajar en la construcción de una hoja de ruta nacional”, afirmó Callisaya.
El Acuerdo de Escazú, adoptado por Bolivia en 2018, establece estándares en materia de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia en temas ambientales y protección de defensores de derechos humanos en este ámbito. Según el Defensor, estos pilares implican obligaciones concretas para el Estado.
Durante su intervención, Callisaya también destacó que la protección del medio ambiente debe asumirse como un compromiso colectivo. “No solo es una responsabilidad institucional, sino un deber que garantiza el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, señaló.
El taller fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el apoyo de la Defensoría del Pueblo. En el evento participaron autoridades como el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz Ide, y el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel.
El Acuerdo de Escazú es considerado un referente internacional en gobernanza ambiental, al integrar derechos humanos con políticas de protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe.
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