El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Captura de pantalla Facebook Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, mediante una conferencia de prensa, exigió a las autoridades gubernamentales que hagan efectiva una solución para la elección de las autoridades judiciales que hasta la fecha se ve empantanada. Además, exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional que suspendió dicho proceso eleccionario.
«En cumplimiento del mandato constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo exige al Estado a través de sus órganos, en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de las y los bolivianos (…), propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional», manifestó Callisaya.
Dijo, además, que este proceso debe garantizar no sólo los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato.
Asimismo, exhortó al TCP a resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional (54569-2023-110 AAC del 17 de abril de 2023) que suspendió inicialmente las elecciones judiciales. Además, pidió que absuelva de manera inmediata la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria 144 para elecciones judiciales 2023-2024, ya que la dilación para su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos de la población.
«Este es el pronunciamiento que realiza la Defensoría del Pueblo con el ánimo de que podamos salir de esta coyuntura de incertidumbre y podamos darle a la población la certeza necesaria en el ejercicio de sus derechos, no solamente de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, sino también en el derecho político de elegir a sus autoridades judiciales», enfatizó el Defensor.
Callisaya recordó que las acciones asumidas hasta el momento provocarán la ausencia de magistrados y, por tanto, la vacancia de estos altos cargos desde los primeros días de enero de 2024, ya que cumplirán sus seis años de mandato el 31 de diciembre de este 2023. Esta situación genera una lesión al derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades conforme está establecido en los artículos 26, 182, 183, 188, 194 y 200 de la Constitución, y a mediano plazo provocará una “grave vulneración del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.
Foro Político Multiactor
Hace unos días, el 28 y 29 de noviembre, el Foro Político Multiactor, que se realizó en La Paz con la presencia de más de 200 personas, exigió al Estado que dé una solución a la crisis judicial y advirtió que existe un riesgo de entrar en un “estado de inconstitucionalidad” ante la probabilidad de que los actuales magistrados sean prorrogados en sus cargos.
“Exigimos que el Órgano Legislativo actúe con la mayor voluntad posible para solucionar la crisis por la retardación del proceso de preselección de candidatos a la elección de autoridades judiciales, garantizando un proceso en el que prime la independencia, imparcialidad y competencia de los candidatos, así como el control y participación permanente de la sociedad civil”, refería uno de los desafíos planteados para el Estado.
Otra de las resoluciones señalaba: “tras haber atendido esta emergencia, se exige una reforma de justicia consensuada, que provenga de la sociedad y sea libre de toda injerencia del Órgano Ejecutivo y de las fuerzas partidarias vigentes”.
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