Defensores de Tariquía (Tarija), movilizados a inicios de este año.
La Defensoría del Pueblo expresó «su profunda preocupación por los actos de hostigamiento, amedrentamiento y violencia digital que sufren algunos defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales». La entidad alerto que esto «no solo afecta derechos individuales, sino que buscan limitar la labor de fiscalización y defensa de los derechos colectivos de pueblos y naciones indígenas, derechos medioambientales y de la Madre Tierra».
En ese marco, instó a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento al Auto de Admisión Ambiental N.º SP-TAA 003/2025, emitido por el Tribunal Agroambiental en 2025, que dispone medidas de protección en favor de defensores ambientales, en concordancia con el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Por ello, el Estado boliviano tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales, adoptando medidas con debida diligencia reforzada.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio Público y a las instancias de seguridad a implementar medidas eficaces para resguardar la vida, integridad física y psicológica de las y los defensores y de su entorno familiar.
Pide protección para Claribel Villarroel
Asimismo, la institución defensorial informa que, por medios de comunicación, ha conocido el caso de la bióloga Claribel Villarroel Irala, quien se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por su condición de mujer, asambleísta electa y defensora ambiental; por lo que corresponde acciones oportunas de protección.
En entrevista con Sumando Voces, Villarroel denunció que es víctima de acoso y hostigamiento en redes sociales, donde su imagen y su integridad son vulneradas con contenidos falsos, engañosos y amenazantes.
En el siguiente video, la ahora asambleísta electa por Chuquisaca, cuenta cómo enfrenta diversos tipos de violencias (la entrevista fue desarrollada antes de las subnacionales).
En su comunicado, la Defensoría reafirmó su compromiso de «vigilar que ninguna forma de violencia o acoso político quede impune, en resguardo de la gestión ambiental, la democracia y los derechos humanos».
Criminalización de la defensa de Tariquía
Al momento, cerca de 30 defensores y defensoras de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía enfrentan procesos penales instaurados por la petrolera brasileña Petrobras y la estatal YPFFB, que los acusan de los delitos de obstrucción de funciones, atentado contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.
El abogado de un grupo de los defensores de Tariquía, Roger Ibarra, explicó a Sumando Voces que, actualmente, existen dos procesos contra comunarios que se oponen al proyecto DOMO OSO X3, en defensa de su hábitat y de la cuenca hídrica que abastece de agua a la zona y a la ciudad de Tarija. En el primero, iniciado en octubre de 2024, 12 personas serán llevadas a juicio. En un segundo proceso, otras 17 personas fueron denunciadas, de las cuales cinco enfrentan ambos casos.
Ibarra dijo que una posible sentencia por estos delitos no implicaría que ingresen a la cárcel al tratarse de penas menores de dos años de reclusión (lo que les permitiría acogerse al perdón judicial). Sin embargo, una posible condena implicaría que terminen con antecedentes penales de por vida. Pero además, las empresas exigen el pago de un resarcimiento económico aduciendo perjuicios en el avance del proyecto.
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