Defensor del Pueblo. Foto: ANF
El Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya cuestionó el rol de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y advirtió riesgo de inaccesibilidad de alimentos básicos de la canasta familiar por los altos costos.
“Lo que pasas es que Emapa tiene un valor estratégico en su creación. El Decreto Supremo de creación de Emapa establece que es una instancia de acopio, fomento de producción, acopio de productos con finalidad de generar equilibrios en los precios (en los mercados), esa finalidad no se ha cumplido adecuadamente”, declaró Callisaya.
La institución defensorial presentó un informe sobre el “Sondeo de Precios de Productos de Consumo General” y concluyó que los productos básicos sufrieron un incremento de aproximadamente 65%, lo que afecta a las familias bolivianas.
Puntualizó que verificaron en 20 mercados de abasto más populares de las 9 ciudades capitales de departamento y la ciudad de El Alto, tras la selección de 21 productos de consumo general, basados en el listado del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre: frutas, verduras, carnes, lácteos, productos básicos, entre otros.
La institución concluyó que entre julio y agosto de 2025 hubo incrementos de precios en productos de consumo general en todas las ciudades, destacando que en Cochabamba 13 productos incrementaron en más del 65%; similar situación se constató en Oruro y Cobija.
Callisaya indicó que esa situación evidencia la necesidad de que las familias presupuesten mayores recursos para adquirir la misma cantidad de productos, afectando directamente sus economías y el derecho a la alimentación. En consecuencia, advirtió que en el país está en riesgo el acceso a la alimentación.
“Entendemos que hay un incremento generalizado de estos productos, como lo hemos visto. Hay productos clave que han sido afectados como el aceite, azúcar, arroz, harina, carne de res, lácteos y que el impacto en la canasta familiar es negativo, deteriorando el acceso a la alimentación”, resaltó.
El defensor exhortó a las autoridades del Estado asumir medidas necesarias para que se genere un impacto menor en los sectores poblaciones con menores recursos, que en este momento son lo que están asumiendo el costo de la elevación de precios.
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