Posesión del Alto Mando Militar en noviembre de 2025. Foto: Intenet.
El presidente Rodrigo Paz ratificó a los jefes militares que conforman el Alto Mando Militar. Lo hizo mediante el decreto presidencial 5632, publicado en la Gaceta Oficial del Estado en momentos en que se cumplen 50 días de protestas por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y 45 de bloqueos.
En su artículo único, la norma ratifica al general de Ejército Víctor Hugo Balderrama como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De igual manera fueron ratificados en sus cargos el general Héctor Alarcón, como comandante general del Ejército; el vicealmirante Ernesto Alfaro, como comandante general de la Armada; el general Sergio Lora, al frente de la Fuerza Aérea; y el general Gonzalo Ruiz, como jefe del Estado Mayor.
Según una nota de prensa del Ministerio de Defensa, la publicación del decreto presidencial en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional formaliza la estructura de mando militar «que ejercerá funciones al frente de las Fuerzas Armadas y consolida el proceso de renovación institucional desarrollado en el marco de los ascensos y designaciones aprobados durante la presente gestión”.
La designación del Alto Mando Militar en Bolivia es una facultad privativa del Presidente, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas. Los requisitos formales y de carrera para quienes pueden ser nombrados están desarrollados en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, que fija condiciones de jerarquía, origen y trayectoria para el Comandante en Jefe, Jefe de Estado Mayor y Comandantes de Fuerza.
El 13 de noviembre de 2025, cinco días después de asumir el mando del país, Paz posesionó al Alto Mando Militar con los mismos jefes militares a los que ahora ratifica en un contexto diferente.
Bolivia ingresó en una crisis política y social el 1 de mayo de este año, cuando la COB radicalizó sus protestas para exigir la atención de su pliego petitorio en los términos en que lo habían planteado. Como sus aliados, los campesinos de occidente iniciaron el bloquee de caminos el 6 de mayo.
Luego de semanas de luto, tensión y perjuicios, las partes en conflicto instalaron, el miércoles 17 de junio, una mesa de diálogo que entró en cuarto intermedio hasta que una comisión termine de analizar, caso por caso, la situación de los detenidos y procesados durante las movilizaciones y los desbloqueos que derivaron en violencia.
Por semanas, diversos sectores, además de legisladores y líderes políticos demandaron del Gobierno aplicar el estado de excepción, mecanismo para el cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una norma que regula sus alcances.
