De izquierda a derecha: Miguel Mendoza, Jimmy López y Hugo Molina, en la reunión de coordinación. Foto: Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Un acuerdo institucional busca que indígenas de tierras bajas del departamento de Santa Cruz accedan a la justicia en su lengua originaria, de modo que se puedan garantizar sus derechos y el debido proceso. En esta región del país y otros territorios de departamentos vecinos, las naciones y pueblos indígenas hablan bésiro (idioma chiquitano), guaraní, gwarayu, ayoreo, yuracaré y mojeño-trinitario.
En ese marco, según un reporte oficial, el Tribunal de Justicia Indígena (TJI) de los Pueblos de Tierras Bajas del Oriente Boliviano y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz acordaron fortalecer la acción del Ministerio Público a través de auxiliares expertos en idiomas indígenas
En una reunión llevada a cabo el 10 de noviembre entre el fiscal departamental Jimmy López Rojas, el presidente del TJI de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Miguel Mendoza, y el secretario de Justicia Indígena, Hugo Molina, se acordó que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz realizará las gestiones para que los fiscales asignados a los territorios indígenas puedan contar con asistentes y auxiliares capacitados en lenguas originarias.
López reconoció que “existe una dificultad en cuanto a la comunicación y el uso de idiomas originarios” en el acceso a la justicia.
“Queremos trabajar de la mejor manera con la justicia originaria indígena y campesina, por eso no dudo de los buenos oficios que interpondrá la Fiscalía General en este sentido. Vamos a realizar todas las acciones que sean necesarias para que a los pueblos indígenas accedan a la justicia” en mejores condiciones, afirmó López.
En las últimas horas, Julio Lero, indígena tsimán que era procesado por el delito de asesinato, fue liberado de toda culpa por falta de pruebas. Una las principales observaciones al proceso llevado adelante por el Ministerio Público fue que Lero no contó en ningún momento con un traductor oficial, dado que apenas habla y entiende el español.
Los investigadores no consideraron esta aspecto en el proceso, lo que significó una vulneración de sus derechos humanos en el acceso a la justicia y que casi le cuesta la libertad.
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