Una planta de extracción petrolera en Brasil. Foto: Reproducción
En el marco de los preparativos del XI FOSPA (Foro Social Panamazónico), líderes indígenas de cinco países de Sudamérica relataron sus experiencias respecto a la presencia de empresas petroleras en sus territorios ancestrales que, según dijeron, derivó en contaminación y pasivos ambientales.
Las experiencias fueron expuestas el 24 de mayo, en el webinar «Victorias y retos para una Amazonía sin petróleo y gas», donde además se dieron a conocer los logros de las organizaciones indígenas y los desafíos que tienen por delante.
Ecuador
Donald Moncayo, quien es coordinador de la Unión de afectados/as por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT), relató cómo fue vivir en una zona contaminada por pasivos ambientales.
Moncayo nació a 200 metros del segundo pozo que perforó Texaco, la empresa que llegó a la Amazonía ecuatoriana en 1964 e inició sus operaciones en 1967.
«Lamentablemente Ecuador no estuvo preparado, nadie estuvo preparado para afrontar la llegada de Texaco. Construyó el primer pozo, para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, arrojó más de 1.800 barriles diarios de petróleo y este pozo estaba dentro del territorio que le pertenecía milenariamente al pueblo Cofán. Ellos son los primeros pueblos desplazados por Texaco», contó.
Dijo que durante su paso por la Amazonía ecuatoriana, Texaco perforó 356 pozos y construyó 880 piscinas o huecos, donde depositó las aguas, el lodo y el petróleo de prueba. Pero, para evitar que las piscinas se llenen y rebalsen con las lluvias, pusieron un tubo que desembocaba a ríos, pantanos y lagunas. «Y que sean los ríos, cesteros y pantanos los encargados de desaparecer todos esos desechos».
Y, cuando esas piscinas finalmente se llenaban, según el testimonio, enviaban un tanquero para extraer el petróleo excedente y regarlo por las carreteras. Una extensión de 1.700 kilómetros de vías de acceso bañadas con petróleo cada tres o cuatro meses bajo el argumento de evitar que «levante el polvo».
Asimismo, la empresa construyó 22 estaciones de separación que generaron 16 mil millones de galones de agua tóxica. Para deshacerse de esas agua de formación ya existía tecnología, pero reinyectar un barril que contenía 170 litros de estas aguas costaba tres dólares, y para evitarse ese gasto, preferían echarlo al río Aguaripo y río Napo, relató Moncayo.
Al menos cuatro pueblos indígenas que vivían en las riberas del río abajo consumían esas aguas, por lo que se vieron contaminados. Al percatarse de esta situación, y ante la indiferencia del Estado, ellos mismos decidieron construir barreras naturales ayudados con palos y arbustos. «También nos poníamos jabón en las manos y antes de meternos al río primero asentábamos las manos y después nos hundíamos, porque el petróleo le huye al detergente, al jabón», dijo.
Texaco estuvo 26 años en el norte de la Amazonía ecuatoriana y durante ese tiempo generó «derrames tras derrames», y, a pesar de los reclamos del Congreso del Ecuador, continuó sus operaciones. En 1990 Texaco salió de Ecuador y el Gobierno asumió las operaciones.
Luego, los afectados se reunieron para buscar soluciones a los problemas que dejó Texaco. Uno de ellos fue el daño a los animales, quienes sufrieron infecciones graves. En 1993 hasta el 2018, mediante una demanda, lucharon para demostrar el daño ambiental que cometió Texaco y Chevron.
«Hemos logrado desmantelar el poder corporativo, es decir, el velo societario, es esconderse la empresa grande detrás de empresas pequeñas. Otro logro fue hacerle entender al mundo que los arbitrajes o TBI son contrarios a los derechos humanos y los derechos de todos nosotros», agregó.
Perú
Otra de las experiencias es la de Perú. En febrero de 2016 se registró un derrame de petróleo que afectó a varias comunidades desde el río Chiriaco hasta la desembocadura del río Marañón.
«Ese derrame que ha habido nos ha afectado al ambiente, el aire, los suelos, los ríos, los peces, los animales. Nosotros como indígenas nos acogemos al río y al bosque, todo eso ha sido afectado», dijo Elva Yaun, vocera alterna de la MacroAmazonía en Perú.
El hecho ocurrió el 25 de enero del 2016, en el kilómetro 441 del oleoducto Norperuano, específicamente en el distrito de Imaza, Condorcanqui, región Amazonas, punto donde se liberó el crudo. El desastre dañó las áreas de cultivo locales y contaminó el río Chiriaco, que desemboca en el Marañón, afectando a las comunidades nativas Nazareth, Umukai, el caserío Puerto Pakui, entre otros, de acuerdo con Infobae.
Desde entonces, la población indígena de la zona se mantiene en pie de lucha en defensa del agua y la vida. «Como madre de esta zona me preocupa demasiado, porque tengo nietos que toman esa agua y se bañan en esos ríos. Aquí la gente lentamente se muere, por eso solicito a los aliados que nos puedan ayudar a lograr un resultado (a la demanda interpuesta)», agregó Yaun.
Este año, la Corte Superior de Justicia de Amazonas desestimó la demanda de amparo interpuesta por Roger Yampis Akuash, líder de la comunidad de Nazareth, contra Petroperú, por este derrame.
Brasil
La Amazonía de Brasil sufre un daño ambiental por las grandes multinacionales que operan en el lugar, informó el cacique Jonas Mura, de la Tierra Indígena Gavião Real. «Están perforando nuestro territorio sagrado, y destruyendo nuestro bosque y lagos, no tenemos apoyo para combatir esa multinacional que está explotando el petróleo», sostuvo el líder indígena.
Manifestó que ni el Gobierno ni las prefecturas locales brindan apoyo y que están pasando «momentos difíciles» frente al impacto ambiental generado por las empresas que extraen recursos naturales no renovables.
En mayo de 2023, la empresa Eneva SA reanudó la garantía de licencia para actividades de exploración de gas natural y petróleo en Campo de Azulão, ubicado en el municipio de Silves, en el estado de Amazonas, de acuerdo con el portal Resumen Latinoamericano.
El Cacique lamenta que esta empresa y sus filiales extraigan grandes cantidades de petróleo de esa región amazónica, cuando los pobladores indígenas que viven allí ni siquiera tienen energía eléctrica. “Sobrevivimos de la caza y la pesca, tenemos producción y recolectamos del bosque, breu, copaíba, cumaru, castanha, andiroba, pero donde fue esta empresa a hacer estos agujeros, ya no podemos ir allí, porque destruyeron todo, devastado todo», acotó Mura.
Colombia
Colombia tiene alrededor de 3 millones de habitantes que pertenecen a alguno de los 15 pueblos indígenas existentes en esa región, uno de ellos es U’wa, el pueblo ancestral que desde hace 34 años resiste al extractivismo, según Heber Tegría, mayor de ese pueblo indígena.
Contó que en 1992 llegaron a su territorio ancestral las empresa Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleo) y la multinacional Occidental de Colombia, la cuales exploraron en un área de 200 mil hectáreas. Desde un principio -relata Tegría- el pueblo U’wa tomó la postura de defender su territorio, sus principios y su cultura, sin embargo, dijo que el Gobierno se puso de lado de las petroleras y les facilitó la licencia ambiental y por ende la ejecución de la actividad extractiva de petróleo y gas.
No obstante, los U’wa decidieron enfrentarlos en 1997 con una demanda interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Tegría, con estas acciones se logró que otros pueblos indígenas también luchen por sus territorios ancestrales y le hagan frente al extractivismo. «La experiencia del pueblo U’wa se empezó a replicar en otros pueblos indígenas que lucharon en contra de la actividades extractivas». De igual manera, con estas acciones fue posicionándose en los escenarios políticos, jurídicos, técnicos y académicos la visión de los pueblos indígenas y su lucha para defender a la Madre Tierra.
Desde principios de los años 90′, los U’wa han luchado constantemente para proteger su territorio contra los intereses extractivos del Estado y las empresas de petróleo y gas, especialmente frente a la operación de Occidental Petroleum y Ecopetrol. El Estado colombiano ha otorgado contratos de concesión para la exploración y explotación de petróleo, carbón y otros minerales en proyectos que se superponen con el territorio ancestral de los U’wa, incluido el Resguardo Unido U’wa. Mientras tanto, el Estado colombiano no ha reconocido el derecho de los U’wa a la propiedad colectiva sobre su territorio ancestral, ni ha garantizado los derechos de tierra de los U’wa sobre el territorio que ha sido formalmente reconocido durante décadas.
Earthrights International
Los participantes coincidieron en la necesidad de defender sus territorios ancestrales, pues es el habitat de los indígenas y todas las especies de flora y fauna que dan vida a las presentes y futuras generaciones.
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