Conclusiones finales: Encuentro Indígena exige derogar leyes incendiarias y otras 27 resoluciones

Derechos Humanos

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Sumando Voces

El encuentro nacional de pueblos indígenas y originarios de Bolivia, realizado en Santa Cruz este 26 y 27 de octubre, adoptó 28 resoluciones, entre las que destaca la exigencia de que se deroguen las “leyes incendiarias”, que se respeten sus territorios, su autodeterminación y se cambie el modelo productivo extractivista por una economía con enfoque de transición ecológica.

“Ante el desastre ambiental que viven los pueblos indígenas en sus territorios y la población general en las ciudades, debido al daño ambiental, por los masivos incendios provocados, exigimos se deroguen las leyes incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas”, indica la resolución número 10 del pronunciamiento, que fue leído por la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), que convocó al encuentro.

Los participantes, que trabajaron en cuatro mesas afirman que vienen sufriendo una serie de atropellos, “como el avasallamiento de nuestros territorios, la contaminación de nuestros ríos y medios de vida y la persecución de nuestros líderes y lideresas defensoras de nuestros derechos”.

Indican que la defensa del territorio y la vida les ha convertido en “víctimas de ataques violentos e intimidación de parte de terceros y del Estado en nuestros propios territorios”. Por eso, se preguntan “¿hasta cuándo vamos a tolerar estos atropellos a nuestros derechos?”.

Los indígenas de tierras bajas y tierras altas, que participaron en este encuentro, dicen que están conscientes que “la crisis climática es una realidad que ya nadie puede desconocer”. Agregan que ellos no son los responsables del calentamiento global ya que los principales causantes de este hecho son los grandes capitales y el modelo de desarrollo extractivista. “Alertamos que la crisis climática impactará con mayor severidad a los pueblos indígenas y en especial a las mujeres indígenas”, indican.

Las conclusiones finales del encuentro son las siguientes:

  1. Frente a quimeras desarrollistas que nos venden como solución a la pobreza y que solo profundiza la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, proponemos desarrollar estrategias de resiliencia climática a través del uso de la tecnología con el enfoque de prevención y de sostenibilidad recuperando las practicas ancestrales para el cuidado del medio ambiente y de la vida.
  2. Generar una economía con enfoque de transición ecológica, donde se preserve la existencia de la bio diversidad de las diferentes ecoregiones de nuestro territorio. Se propone desarrollar una Economía de Bosque con base en las experiencias de los pueblos indígenas.
  3. La minería sistemáticamente destruye nuestros territorios, contamina nuestros ríos, lagos y lagunas, enferma a nuestros pueblos y atenta contra la Naturaleza de la que somos parte. Como pueblos indígenas y originarios nos reafirmamos en la lucha contra la minería porque es esta la lucha por la vida y exigimos al Estado la paralización y suspensión de aquellas actividades mineras que están poniendo en riesgo la integralidad de nuestros territorios y áreas protegidas.
  4. Ratificamos nuestro derecho a la Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado como fundamental para el ejercicio de nuestra libre determinación y exigimos al Estado que garantice la aplicación de los estándares internacionales contenidos en convenios y tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Asimismo, demandamos el respeto a nuestros protocolos de autoconsulta por normas y procedimientos propios.
  5. Es imperativo que el Estado adopte medidas efectivas para la reparación y restauración de los ríos, lagos, lagunas y otros componentes de la Naturaleza que ya han sufrido graves afectaciones por contaminación minera.
  6. Exigimos al Estado la pronta atención especializada en salud para las comunidades afectadas por la contaminación minera que permita tratamiento adecuado de personas intoxicadas por metales pesados. Demandamos la formulación participativa de una política pública que contemple la elaboración de Protocolos para Levantamiento de Datos de Metales Pesados en Sangre, el establecimiento de Límites Permisible a Nivel Nacional para metales pesados en base a estudios científicos y la identificación de áreas de prohibición de actividades mineras debido al alto riesgo para la salud pública, en particular de pueblos indígenas.
  7. Resolvemos conformar una “Articulación de afectados y afectadas por contaminación minera y en defensa del agua” con el objetivo de unir nuestras luchas y actuar de manera conjunta frente a las constantes amenazas y vulneraciones del modelo extractivista. Hacemos un llamado a todas las organizaciones, instituciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo colectivo.
  8. Exigimos, al INRA se concluya el proceso de saneamiento y titulación de todos nuestros territorios indígenas y comunidades campesinas originarias del lugar priorizando las demandas de las TCOs  Tacana II, Essecatato, Sub Consejo Tsimanes del sector Yacama, Esse Ejjas de Eyiyoquibo. Asimismo, que proceda el desalojo de terceros cuyos asentamientos han sido declarados ilegales.
  9. En ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios, que las tierras declaradas fiscales dentro y en colindancias de las TCOs sean tituladas en favor de la TCOs; y se exija al INRA actúe de oficio en la verificación de la función social y esas tierras sirva de compensación para los territorios indígenas, estableciendo la gobernanza en su territorio indígena.
  10. Ante el desastre ambiental que viven los pueblos indígenas en sus territorios y la población general en las ciudades, debido al daño ambiental, por los masivos incendios provocados, exigimos se deroguen las leyes incendiarias que permiten los desmontes y autorizan las quemas.
  11. Respecto a las Autonomías Indígena Originaria Campesinas, es imperativo que se apruebe la propuesta de ley sobre la gestión pública intercultural para que las autonomías indígenas originarias campesinas realicen una gestión sobre la base de sus estatutos autonómicos y sus formas propias de organización establecidas en sus Normas y Procedimientos Propios, para ello debe conformarse una comisión de GAIOCs y de Autonomías que acompañe el proceso la gestión de la aprobación de la ley.
  12. Exigimos al Estado políticas públicas de gestión intercultural que permitan a los Territorios un acceso rápido y ágil a la AIOC y a las GAIOCs una gestión de acuerdo a sus normas y procedimientos propios y sin burocracias, una redistribución de recursos económicos de acuerdo a las prioridades de los territorios autónomos en el marco de la libre determinación y autogobierno.
  13. Los procesos autonómicos plantean que su instancia de representación como es la CONAIOC sea reestructurada para fines e interés de los procesos autonómicos y no del gobierno nacional.
  14. Las instancias competentes, en acuerdo con las organizaciones de las autonomías, deberán convocar a una Asamblea Extraordinaria para la reestructuración y renovación del directorio de la CONAIOC, que sea una instancia de representación independiente del gobierno de turno, y que se vele los intereses y derechos de las AIOC.
  15. Todos los procesos AIOC deben tener el respaldo orgánico hasta su materialización y entrada en vigencia.
  16. Respecto a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, planteamos un urgente proceso de formación continua y permanente para una mejor apropiación de la JIOC, para ello se pide el apoyo y acompañamiento de las instituciones que trabajan con pueblos indígenas.
  17. Debe frenarse todo intento de construcción de la JIOC que imita las estructuras y las formas de administración de justicia de la Jurisdicción Ordinaria haciéndole perder su esencia.
  18. Fortalecer la coordinación y cooperación con los distintos órganos del poder público como con las otras jurisdicciones en el marco de la interpretación intra e intercultural que hace viable el pluralismo jurídico igualitario sin subordinación.
  19. Contar con una instancia que sistematice la jurisprudencia nacional respecto a jurisdicción indígena originario campesina y recopile buenas prácticas en su ejercicio.
  20. Respecto a las defensoras y defensores de derechos hemos identificado graves vulneraciones que atentan contra su integridad y seguridad. Las mujeres defensoras enfrentan riesgos específicos, que traen como consecuencia daños a su salud física y emocional, sus relaciones y vínculos familiares, su autoestima, su economía y el desempeño en su trabajo. El Estado, las organizaciones y las comunidades deben apoyar y proteger a los defensores de derechos humanos para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias ni amenazas.
  21. Planteamos generar un mecanismo de apoyo y fortalecimiento para defensoras y defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio y de la naturaleza.
  22. Promover acciones a nivel internacional ante organismos de derechos humanos para denunciar las vulneraciones a defensoras y defensores.
  23. Rechazar cualquier forma de criminalización contra los líderes y lideresas que luchan por los derechos colectivos y de sus territorios.
  24. Respecto al derecho a la Consulta, planteamos generar internamente un proceso de profundización con los pueblos indígenas sobre la consulta previa, libre e informada, el manejo de sus conceptos y contenidos para una mejor apropiación y exigencia de su aplicación.
  25. Rescatar el espíritu de la Consulta previa libre e informada de acuerdo a su naturaleza y como está reconocida en los instrumentos internacionales, frente al trámite administrativo en el que ha sido convertido, para fines específicos de empresas nacionales e internacionales en minería, hidrocarburos, hidroeléctricas en contra de los pueblos indígenas.
  26. Las GAIOC deberían contemplar la aprobación de una ley de Consulta previa, y los procesos AIOC debieran incorporar en sus estatutos la consulta previa, libre e informada.
Wilma Mendoza, presidenta de CNAMIB, leyó las conclusiones.

Normas incendiarias

Las normas incendiarias a las que se refieren los particiantes del encuentro, fueron emitidas por el gobierno que permiten la quema de bosques y, según una recopilación de CEJIS, son las siguientes:

– La Ley 337 perdona las multas a la deforestación ilegal cometida entre 1996 y 2011.

– La Ley 502 amplía ese “perdonazo” por 12 meses y la Ley 739 lo vuelve a ampliar por 18 meses.

– La Ley 740 amplía el lapso de la verificación de la Función Económica Social para que los propietarios continúen con su tierra sin trabajar.

– La Ley 741 autoriza la deforestación de hasta 20 ha en tierras colectivas y nuevos asentamientos.

– La Ley 1178 perdona las quemas no autorizadas.

– El Plan de Desarrollo Económico y Social, de 2016, fija su meta en 4,7 millones de hectáreas habilitadas para campos agrícoas y ganería.

– El Plan de Uso de Suelo del Beni, de 2019, modifica la vocación de ecorregiones boscosas del departamento para habilitarlas para uso agrosilvopastoril.

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