Audiencia en la que se escuchó la situación de la justicia de Bolivia.
Luego de una presentación de la sociedad civil, en la que se expuso la falta de independencia de la justicia boliviana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que “la separación de poderes y el Estado de derecho son centrales para proteger los derechos humanos y las democracias”.
La exhortación se produjo en presencia del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, además de tres miembros del Tribunal Constitucional, cuya labor ha sido duramente cuestionada por los representantes bolivianos de la sociedad civil.
La audiencia fue encabezada por la segunda vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, quien luego de escuchar a ambas partes dijo que “tenemos que ser vigilantes para que exista independencia judicial y no se socaven los derechos humanos”.
Por la sociedad civil estuvieron presentes la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, el CEDIB, UNITAS, la Oficina Jurídica de la Mujer y Human Rights Fundation.
Los representantes de esas instituciones leyeron un documento en el que exponen la politización de la justicia, el bloqueo de las elecciones judiciales y, sobre todo, el papel del Tribunal Constitucional por su “sumisión a los poderes políticos”.
Si bien la audiencia fue convocada para exponer los constantes rechazos del Tribunal Constitucional a las acciones abstractas de inconstitucionalidad, terminó escarbando en la crisis judicial en conjunto y el uso de la justicia “con fines de persecución política”. En ese marco, los representantes de Bolivia denunciaron que “se han intensificado los procesos penales contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas, sindicalistas y políticos de oposición, destacando por su énfasis en las mujeres defensoras de derechos humanos”.
Según el documento leído por los representantes civiles, “la falta de independencia judicial, la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos, el uso indebido del proceso penal para la persecución política y los obstáculos para la verdad, justicia y reparación, patrones identificados por el informe del GIEI persisten, generando impunidad en los casos de flagrante vulneración de los derechos humanos, cometidas en contra de personas críticas al partido oficialistas sucedidos durante la crisis de 2019”.
El informe molestó al embajador Arce, al punto que calificó la ponencia como “política”, pidió a la vicepresidenta de la CIDH que llame al orden y terminó hablando de la supuesta interrupción de la democracia en 2019, momento en que Clark le quitó la palabra por haber concluido con su tiempo asignado.
Arce fue enfático al señalar que “en el estado plurinacional de Bolivia no existen presos políticos”, a lo que los presentes empezaron a decir “mentira”, “mentira”. Fue entonces que pidió respeto y orden.
Arce, además, dijo que “la intención del gobierno de Luis Arce Catacora es llevar adelante las elecciones judiciales” y, en ese marco, invitó a la CIDH a convertirse en observadora del proceso de renovación de la justicia.
¿Dos realidades paralelas?
Por parte de la sociedad civil estuvieron de manera presencial Rubén Darío Cuellar, de la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia; Julieta Montaño, de la Oficina Jurídica de la Mujer; Franco Albarracín, del CEDIB; y Javier El-Hage, de Human Rights Fundation.
Entre tanto, estuvieron de manera virtual las representantes de UNITAS, Susana Eróstegui (directora ejecutiva), y Claudia Terán (coordinadora del programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos).
Aludiendo a la comisionada Julissa Mantilla en sentido de que en Bolivia y otros países pareciera que existen realidades paralelas que se reflejan en las audiencias de la CIDH, el presidente del TCP, Paul Franco parafraseó que “hay dos historias diferentes”.
Al respecto, Eróstegui replicó mediante mensaje: “Más allá de las visiones opuestas, hay una sola posición válida que es la de la Constitución Política del Estado y el marco internacional de protección de derechos humanos y el Estado de derecho”. Agregó que “la población espera que el Estado boliviano cumpla con sus obligaciones y responsabilidades para garantizar de manera plena y efectiva el acceso a la justicia independiente e idónea”.
El motivo de la audiencia
Los representantes de la sociedad civil expusieron que los constantes rechazos del Tribunal Constitucional a las acciones de inconstitucionalidad abstracta presentadas, “dejan en indefensión los derechos humanos frente a las leyes que los vulneran”.
Explicaron que entre 2012 y 2014, siete acciones de (12%) fueron rechazadas, pero de agosto de 2014 a diciembre de 2023, 189 (60,51%) de las acciones fueron rechazada en etapa de admisibilidad, “es decir que la proporción de invierte drásticamente, además que el 15,52% fue desestimado y tenido por no presentado”.
El presidente del TCP prometió enviar datos y procesos para respaldar su “rechazo categórico” a las afirmaciones de la sociedad civil.
Los representantes fueron exponiendo uno a uno los problemas que afronta el Tribunal Constitucional, como su “muy notoria injerencia política”, sus resoluciones controvertidas y la corrupción de algunos de sus integrantes, además de “su lamentable participación” en la prórroga del mandato de Evo Morales y su habilitación como candidato el 2019.
La audiencia cerró abruptamente porque se terminó el tiempo y porque la situación se puso tensa, sobre todo por parte de Arce Zaconeta.
También te puede interesar:
