La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en que el pide al Estado boliviano proteger a quienes bloquean las carreteras y no estigmatizarlos con declaraciones. Al mismo tiempo, insta a garantizar los otros derechos afectados justamente por el bloqueo, como son el derecho a la vida, la integridad, la salud y las condiciones de abastecimiento a toda la población.
En el contexto de los bloqueos que exigen el cese de los magistrados autoprorrogados, la CIDH indica que “toda limitación a este derecho debe acreditar rigurosamente los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población”.
Asimismo, insta “a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella. La estigmatización oficial de la protesta dificulta el diálogo y puede exacerbar violencia contra determinados sectores de la población”.
“La CIDH y su RELE (relatoría para la libertad de expresión) recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”, indica el documento.
Frente a la posible vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, el aprovisionamiento de alimentos o el derecho a la salud, el organismo indica que “se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”.
Desde hace 12 días, un bloqueo de carreteras de los seguidores del expresidente Evo Morales incomunica Cochabamba con el resto del país, causando perjuicios a la ciudadanía y a la economía del país.
El Gobierno ha aplicado algunos operativos de desbloqueo, que han dejado personas heridas, entre ellas varios policías.
Análisis
Ante este comunicado, el especialista en Derechos Humanos, Franco Albarracín, indicó que “más allá de que las intenciones de Morales sean evidentemente políticas, el bloqueo forma parte del derecho a la protesta, por lo tanto, no puede ser penalizado y cualquier ley o proyecto de ley que busque penalizar los bloqueos, pues son contrarios al estándar internacional”.
Sin embargo, en declaraciones a Sumando Voces, el abogado dejó claramente establecido que “el derecho a la protesta no es absoluto, y puede ser limitado si afecta otros derechos como el derecho a la vida o salud. Si bien la CIDH insiste en que se respete el derecho a la protesta (en el caso de los bloqueos en Bolivia) considero que estos se están convirtiendo poco a poco en bloqueos violentos que afectan derechos fundamentales”. Frente a eso, “amerita la actuación del Estado dentro de los marcos legales”, indica el especialista.
¿Quién es el responsable?
El comunicado de la CIDH descarga la responsabilidad por la no convocatoria a elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa. “A causa de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades judiciales, distintos grupos de la sociedad organizaron demostraciones públicas para exigir elecciones judiciales acordes a lo demandado por la constitución. Es de resaltar que las elecciones judiciales tendrían que haber sido convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2023, omisión que ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social”, indica la entidad.
Frente a eso, Albarracín señala que la CIDH “si bien recuerda el estándar internacional sobre el derecho a la protesta, asume una posición tibia respecto a la responsabilidad que tiene el TCP con los conflictos en el país. La Comisión debería ser clara con la auto prórroga de los Magistrados y el grave impacto que tuvo ese acto ilegal en la democracia del país”.
En ese marco, la Comisión hace un llamado al Estado y en particular a la Asamblea a que convoque y garantice las elecciones judiciales.
CIDH pide al Estado proteger a quienes bloquean y no estigmatizarlos, además de garantizar otros derechos, como el abastecimiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en que el pide al Estado boliviano proteger a quienes bloquean las carreteras y no estigmatizarlos con declaraciones. Al mismo tiempo, insta a garantizar los otros derechos afectados justamente por el bloqueo, como son el derecho a la vida, la integridad, la salud y las condiciones de abastecimiento a toda la población.
En el contexto de los bloqueos que exigen el cese de los magistrados autoprorrogados, la CIDH indica que “toda limitación a este derecho debe acreditar rigurosamente los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población”.
Asimos, insta “a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella. La estigmatización oficial de la protesta dificulta el diálogo y puede exacerbar violencia contra determinados sectores de la población”.
“La CIDH y su RELE (relatoría para la libertad de expresión) recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”, indica el documento.
Frente a la posible vulneración de otros derechos como el derecho a la vida, el aprovisionamiento de alimentos o el derecho a la salud, el organismo indica que “se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”.
Desde hace 12 días, un bloqueo de carreteras de los seguidores del expresidente Evo Morales incomunica Cochabamba con el resto del país, causando perjuicios a la ciudadanía y a la economía del país.
El Gobierno ha aplicado algunos operativos de desbloqueo, que han dejado personas heridas, entre ellas varios policías.
Análisis
Ante este comunicado, el especialista en Derechos Humanos, Franco Albarracín, indicó que “más allá de que las intenciones de Morales sean evidentemente políticas, el bloqueo forma parte del derecho a la protesta, por lo tanto, no puede ser penalizado y cualquier ley o proyecto de ley que busque penalizar los bloqueos, pues son contrarios al estándar internacional”.
Sin embargo, en declaraciones a Sumando Voces, el abogado dejó claramente establecido que “el derecho a la protesta no es absoluto, y puede ser limitado si afecta otros derechos como el derecho a la vida o salud. Si bien la CIDH insiste en que se respete el derecho a la protesta (en el caso de los bloqueos en Bolivia) considero que estos se están convirtiendo poco a poco en bloqueos violentos que afectan derechos fundamentales”. Frente a eso, “amerita la actuación del Estado dentro de los marcos legales”, indica el especialista.
¿Quién es el responsable?
El comunicado de la CIDH descarga la responsabilidad por la no convocatoria a elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa. “A causa de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prorrogó sus mandatos y de otras autoridades judiciales, distintos grupos de la sociedad organizaron demostraciones públicas para exigir elecciones judiciales acordes a lo demandado por la constitución. Es de resaltar que las elecciones judiciales tendrían que haber sido convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 2023, omisión que ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social”, indica la entidad.
Frente a eso, Albarracín señala que la CIDH “si bien recuerda el estándar internacional sobre el derecho a la protesta, asume una posición tibia respecto a la responsabilidad que tiene el TCP con los conflictos en el país. La Comisión debería ser clara con la auto prórroga de los Magistrados y el grave impacto que tuvo ese acto ilegal en la democracia del país”.
En ese marco, la Comisión hace un llamado al Estado y en particular a la Asamblea a que convoque y garantice las elecciones judiciales.
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