Foto referencial. Autor: CEDIB
A pocas semanas del fin del mandato del gobierno de Luis Arce, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron un intento de aprobar de forma apresurada dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que darán curso a contratos con la empresa china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group (UOG) para la explotación del litio boliviano. En un comunicado conjunto, declararon su rechazo y alertaron sobre los riesgos políticos, económicos y ambientales que estos acuerdos implicarían.
«A semanas del fin de mandato, el gobierno intenta forzar la aprobación de contratos nefastos del litio boliviano», titula el comunicado que tiene carácter urgente. Las organizaciones firmantes, entre ellas la Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Club de Ginebra, CEDIB y la Fundación Solón, aseguran que los contratos son “incompletos, confusos e incongruentes” y que no ofrecen garantías técnicas ni viabilidad económica. También critican que los proyectos no contemplan estudios serios de costos de explotación ni mecanismos claros de mitigación ambiental.
En 2023, el gobierno de Bolivia firmó convenios con las empresas Uranium One Group (UOG), de capital ruso, y la china Contemporary Amperex Technology Co. Limited Bolivia (CBC), para impulsar proyectos de extracción directa de litio en los salares del país. Estas alianzas fueron promovidas como parte del plan gubernamental para industrializar el litio boliviano, pero desde entonces han generado controversia por la falta de información pública, la sobreestimación de beneficios y el escaso debate técnico. Especialistas advierten que ambos contratos priorizan los intereses de las compañías extranjeras, mientras trasladan los riesgos económicos al Estado boliviano. Además, no garantizan el cuidado del medio ambiente ni la consulta previa a los pueblos indígenas, según denunciaron los líderes de la región afectada.
Uno de los puntos más polémicos señalados es que los contratos trasladarán los riesgos financieros al Estado boliviano, comprometiendo a la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a las compañías extranjeras sus inversiones, lo que, según denuncian, favorecería desproporcionadamente a CBC y Uranium One. A esto se suma la crítica a cláusulas contractuales que reducirían los riesgos de las empresas foráneas mientras maximizan sus beneficios, en desmedro de las ganancias que debería recibir Bolivia.
Las organizaciones también advierten que los contratos no garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas y dificultan la renegociación futura de regalías, que actualmente se sitúan en un 3% para Potosí y otros municipios productores.
En ese contexto, exhortan a la Asamblea Legislativa a rechazar los contratos presentados y proteger los recursos estratégicos del país. Asimismo, convocan a la ciudadanía, instituciones y líderes sociales a mantenerse alertas. “El futuro del litio, de nuestros recursos naturales y de los compromisos del Estado boliviano no debe estar sujeto a decisiones de última hora de un gobierno de salida”, concluye el comunicado emitido en julio de 2025.
Aquí puede leer el comunicado:
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