Daniel Ortega y Rosario Murillo presiden Nicaragua en medio de acusaciones de violaciones a los DDHH. Foto: Twitter de Díaz-Canel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, en el que se establece que 3.390 organizaciones de la sociedad civil fueron afectadas con la cancelación de su personería jurídica entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018.
El informe presenta un análisis del cierre del espacio cívico, principalmente, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018, según una nota de prensa de la institución.
El informe da cuenta de «la implementación de una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales que hacen parte del espacio cívico, y que tendría como fin consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH».
Este informe aborda por primera vez el concepto de espacio cívico en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, así como los estándares del sistema interamericano relacionados con las condiciones y garantías necesarias para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar libremente en la vida democrática. Este contexto constituye uno de los casos más graves en la región, frente a medidas estatales que restringen que las personas y grupos expresen sus opiniones libremente y participen en la toma de decisiones, indica la CIDH.
La Comisión y la Relatoría para la Libertad de Expresión también destacan la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y para la participación cívica en asuntos de interés público en Nicaragua, y describen los distintos mecanismos de censura empleados como parte de la estrategia para perseguir y limitar toda voz que cuestione al Gobierno.
El cierre del espacio cívico en Nicaragua ha incluido restricciones a la libertad de religión, entre las que se destacan: la persecución de la Iglesia católica, la criminalización de servicios religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la privación arbitraria de la libertad de miembros de la iglesia y otros hechos de represión y represalia contra integrantes de la Iglesia católica debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos.
En el informe, se formulan recomendaciones al Estado nicaragüense, como la revocación de decretos y actos de autoridad relacionados con la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, la devolución de las instalaciones y todos los bienes confiscados.
Finalmente, la Comisión llama a la comunidad internacional a exigir al Estado nicaragüense poner fin a las violaciones a los derechos humanos registradas en el país y a adoptar medidas necesarias para restablecer la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, conforme las recomendaciones formuladas en este y otros informes.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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