Texto: Rodolfo Huallpa. Foto: UNITAS.
Irving Larios no tiene patria. Nació en Nicaragua, pero hoy vive en Miami, no por decisión propia, sino como represalia del régimen de Daniel Ortega, que lo desterró del país, junto a otras 221 personas -entre políticos, periodistas y defensores de derechos- por “traición a la patria”, figura que emplea el gobierno del país centroamericano para criminalizar y perseguir a quienes se le oponen.
Larios está vinculado con las luchas sociales y la defensa de derechos desde sus 17 años, junto a los movimientos estudiantiles que combatieron a la dictadura de Anastasio Somoza. Fue parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un movimiento de izquierda que combatió no sólo la dictadura, sino también la intervención estadounidense entre 1927 y 1933. Larios se alejó del Frente en los años 90 y se dedicó a trabajar en favor de las poblaciones vulnerables a través de Organizaciones No Gubernamentales. Fue integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social.
El 20 de septiembre de 2021 fue detenido por ejercer su libertad de expresión en las redes sociales, por publicaciones referidas a la pandemia de Covid-19 y la coyuntura sociopolítica del país, hecho que le valió ser acusado por “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas” y ser condenado a 13 años de cárcel. Sorpresivamente, el 9 de febrero de 2023, Larios fue desterrado a Washington en un avión junto a 221 perseguidos políticos. Su reclusión duró 17 meses.
Hoy el economista y sociólogo de 65 años ya no cuenta con la nacionalidad nicaragüense. El régimen de Ortega lo desnacionalizó, cerró su ONG, pero además de ello, le embargó los bienes de la organización y propios. Similar situación de cierre y persecución atraviesan personas y organizaciones defensoras de derechos de Nicaragua. Se contabiliza que más de tres mil ONG han sido cerradas por el régimen de Ortega, según reportes de prensa.
A falta de una nacionalidad, recientemente el Gobierno de España le ofreció tener la ciudadanía española. En una entrevista con el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, Larios brinda detalles de lo que le tocó vivir en Nicaragua y ahora en su destierro.
¿Cuénteme un poco sobre quién es usted y su lucha en Nicaragua?
Bueno, yo soy un luchador social desde muy joven, me integré a la lucha social alrededor de los 17 años a través de la participación en organizaciones sociales vinculadas al Frente Sandinista, desde ahí llegué a ocupar un lugar, digamos, destacado en los movimientos estudiantiles a nivel nacional. Estuve en el equipo de coordinación nacional del movimiento estudiantil organizado por el Frente Sandinista en todo el territorio nacional, que fue baluarte y soporte importante para el derrocamiento de la dictadura.
Participé en el gobierno en la revolución en los 80. Estuve vinculado al Frente Sandinista hasta 1994, cuando yo percibí que había síntomas de descomposición evidentes. Desde esa fecha me he dedicado a la lucha social, a la organización de comunidades en pobreza, a gestionar recursos para esas comunidades y bueno, lo he hecho ya casi por 30 años.
¿Cómo ha sido la persecución y judicialización de su labor en Nicaragua?
Bueno, efectivamente el sandinismo en su gesta para alcanzar el poder se planteó la democratización de la sociedad y la justicia social. Ese proyecto fue frustrado en 1990 por errores que cometió la dirección del Frente Sandinista y eso dio paso para que grandes contingentes, digamos de militantes del Frente, pudieran continuar sus sueños desde otras perspectivas, desde los movimientos sociales y es ahí, desde las ONG, que yo me ubiqué y el hecho de haber participado en estos espacios fue condenado por la gente que se apropió de los sellos y el nombre del Frente Sandinista, gente que se dedicó a acumular dinero, a hacer acciones corruptas y nosotros criticamos esa acción, eso ha llevado efectivamente a lo largo de muchos años a la crítica de esas acciones y por su parte también a la exclusión de esa gente que se quedó con los sellos del Frente Sandinista.
Entre otras cosas, yo fui fundador del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, participé hasta el 94 en las reuniones del Foro de Sao Paulo, en esos espacios no había interés de esa estructura que se llama Frente Sandinista, y que ya no responde a esas ideas originales, entonces yo me he dedicado a ese espacio de construcción social y eso ha llevado, pues, a la persecución.
Cuando el 2007 de nuevo retornó al gobierno Daniel Ortega, usando el nombre del Frente Sandinista, la persecución se amplió. Si de alguna manera contribuíamos antes del 2007 a apoyar, digamos, para algunos grupos sociales vinculados al frente en sus acciones políticas en los territorios no era suficiente, ellos decidieron que teníamos que subordinarnos, que alinearnos, que ponernos firme ante el gobierno, es decir, que teníamos que perder nuestra identidad de no gubernamentales, para pasar a ser organizaciones gubernamentales que gestionáramos ayuda de la cooperación, para entregar los recursos a sus operadores, para que sus operadores las ejecutarán.
20 días después de que le pusieron la banda presidencial a Daniel Ortega, a mí me eligieron en la Red más grande de ONG como su presidente, era la Federación de ONG de Desarrollo de Nicaragua y eso llevó a tener, digamos, debates por la autonomía, por la actuación sin condicionamiento alguno por parte del sector de ONG, lo cual no fue bien visto por el gobierno y desde ese momento pues comenzaron una persecución personal y también a las organizaciones en las que yo iba participando.
Cuando ellos tuvieron ya todo el poder absoluto, allá por el 2012-2013, condicionaron a las organizaciones en las que yo participaba y tenían presencia en muchos territorios del país. Querían que se retiraran de los territorios. Los alcaldes les decían que tenían instrucciones precisas de la pareja dictatorial en que no podíamos operar, que éramos un grupo de organizaciones que no teníamos derecho a operar en ninguna parte del territorio nacional donde ellos controlaran y cuando controlaron todo, pues no pudimos hacer mucho en acciones, nos tuvimos que ir a los lugares más recónditos, más alejados, más difíciles y eso fue reconocido por la cooperación internacional, porque siguió apoyando proyectos y programas importantes y relevantes en las comunidades más lejanas, pero aun así, no cesó y cuando vino la acción del 2018, el levantamiento social, la insurrección ciudadana por tantas violaciones a los derechos que estaba cometiendo la dictadura, nos amenazaron con cierre definitivo y ya no nos comenzaron a recibir los informes, no nos daban los certificados de registro para operar y hasta el día que sacaron un decreto ley, por la Asamblea Nacional, cerraron las primeras 300 ONG y ahí fueron incluidas las nuestras.
Un mes después de ese decreto fui capturado sin ninguna explicación, más sólo que estaba atentando contra la seguridad del país. Fui levantado sin ninguna acusación, sin ningún señalamiento y fui detenido junto con un buen grupo de activistas políticos y activistas sociales. Eso me llevó a 17 meses de prisión hasta el 9 de febrero de este año.
Además de los certificados de registros que no se les otorgaba. ¿Qué otras acciones han tenido que afrontar? ¿Qué otro tipo de acoso sufrieron?
Diversidad de acciones, desde registros secretos a nuestras oficinas, meterse a nuestros espacios físicos, amenazas telefónicas, amenazas de muerte, en fin, nos encontrábamos con grupos violentos en la calle y nos golpeaban, fue una situación, un proceso terrible. No sólo eso, pues eso era la parte legal o formal, pero también la represión en donde no podíamos ejercer los derechos a apoyar a las organizaciones sociales. Se nos impedía cualquier expresión y había un control de toda la actividad que nosotros hacíamos en todo el territorio nacional, una persecución permanente, sistémica. La cuestión no sólo era jurídica, era física, era de amenazas inclusive hasta de muerte en mi caso. Yo puse denuncia en la Policía en dos ocasiones, pero no hicieron caso.
¿Quiénes estaban detrás de esto en los hechos concretos? ¿Eran militantes, eran manifestantes gubernamentales, quienes ejercían la violencia?
La estructura es que el Estado funciona bajo las órdenes de la pareja dictatorial y funciona articuladamente, es decir, tienen control hasta de la fuerza policial y del Ejército, pero tienen control de todo el aparato estatal, de la Corte, es decir, la Corte inventa las acusaciones y los juicios, la Fiscalía y los jueces las asumen, te inventan cargos, te inventan estas acusaciones falsas, pero además en los territorios, los grupos paramilitares o civiles de la estructura partidaria te acosan, te impiden, se llegan a meter a los eventos, no te dejan actuar, es una cosa espantosa.
Ahora tiene otra connotación, es decir, no hay espacio para hacer ninguna actividad en el país que no sea autorizada por el gobierno y por el partido y además tienen control absoluto de los aparatos represivos, pues no hay nada que se les escape, es una dictadura como no ha existido en América Latina con el control total y absoluto, pues de todas las posibilidades a su alcance para impedir cualquier acción desde la sociedad civil, eso sumarle que la destrucción del tejido social es increíble.
¿Quiénes apoyaban a los grupos vulnerables en pobreza? Eran las ONG, pero con la desaparición de las ONG, solo han dejado un sector muy pequeño que está alineado a ellos y algunas iglesias protestantes que se registran como ONG. Los pocos que llegan a la gente que está en estado vulnerable es limitadísimo y ahí hay una situación difícil en el país porque no hay cooperación, no hay ayuda a través del gobierno para esa gente.
Por ejemplo, en el país como producto de la cooperación venezolana, se había estabilizado el tema de la energía. Se le ha dado al gobierno de Daniel Ortega 3.500 millones de dólares en cooperación, de la cual no ha rendido cuenta ni un solo dólar, pero con esa cooperación venía incluida ayuda energética y esa ayuda energética estabilizó la energía que era deficiente, pero ahora ya hay apagones de nuevo, con frecuencia y la situación es de la gente cada día más vulnerable y los más pobres son los que más sufren en esa situación.
No hay posibilidad de apoyo de nadie y el Estado no tiene la capacidad, pues las ONG resolvían a centenares de miles de familias, tal vez millones, pero ahora eso está en el abandono y ya no hay capacidad de atenderlas.
A esto de las ONG se suman también a los medios de comunicación y la oposición política. Me puedes comentar un poco acerca de estas otras instituciones ¿cómo están afrontando al régimen?
El régimen logró controlar todos los canales de televisión, todos están bajo su nombre. Pusieron a un hijo para cada canal de televisión, para que usted se dé una idea, los dueños son los hijos de todos los canales de televisión, pero no pudieron controlar las redes sociales en donde se refugiaron los periodistas autónomos, independientes y democráticos y ahí el acoso fue desde ahí, detuvieron a un buen número de periodistas y el resto tuvo que emigrar, la mayoría de ellos a Costa Rica.
Son centenares de comunicadores que están en una situación difícil, todas las organizaciones civiles, las ONG de derechos humanos cerraron, no hay ninguna, no existe en el país nadie que vele por la defensa de los derechos humanos, incluso el régimen no permite la entrada de la CIDH ni de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ni a grupos de trabajo especiales que se han hecho para atender el caso de Nicaragua, es decir, la situación de los nicaragüense es una cosa de barbarie, la dictadura es cruel e inhumana.
Volviendo al terreno de las organizaciones de la sociedad civil, entiendo que ha habido recientemente una norma expedida por el Gobierno en la que se está expropiando los bienes de las ONG a favor del Estado ¿Es así realmente?
Claro, es que la norma se inauguró meses antes de que afectarán a las ONG de las que yo era presidente. Había un primer grupo, como de unas 15 ONG, que habían decretado su cierre y confiscado sus bienes. Igual le pasó a la segunda ola en la que nos incluyeron a nosotros y que decretaron el cierre y confiscaron todos nuestros bienes, todos nuestros activos y todas nuestras cuentas y eso continúa, no ha cesado, es decir, siguen los decretos.
Ahora los decretos se han ampliado a todos aquellos que el régimen considera traidores a la patria, un concepto que inventaron a través de tres leyes que hicieron en el 2020, ley con la que juzgaron a todos los presos políticos y nos enviaron en el vuelo a Estados Unidos, pero también con la que siguen juzgando a todos los nicaragüenses que se le oponen al interior del país.
En su caso, usted también ha sido víctima de esto. ¿Qué represalias ha sufrido posteriormente a la toma de su institución?
Lo último que me acaba de ocurrir es que decretaron confiscar todos mis bienes, una casita que tenía, un vehículo, los bienes que tenía en mi casa que era poco, pues humilde, pero era acumulado por mi esfuerzo de trabajo neto, no era ni un solo centavo o dólar donado por nadie o por el gobierno ni por nadie, sino que era fruto de mi esfuerzo de trabajo que había hecho a lo largo de 30 años.
Con relación a su deportación, si se la puede llamar así. ¿Cuál es la figura que se ha manejado y en qué calidad se encuentran ustedes?
Todavía yo tengo una gran nube, no entiendo lo que es. Es que debe haber habido un acuerdo. Daniel Ortega siempre se jacta que el problema es con el Imperio, es su fantasma, ese es su cuento, su discurso, su narrativa que es falsa, pues yo creo que nosotros, los que fuimos deportados a Washington, fuimos negociados. Hasta ahora lo que conocemos es que duraron diez días de negociaciones a solicitud de los Ortega al gobierno de los Estados Unidos para que nos dieran una acogida, quitándonos la nacionalidad, es decir, yo soy apátrida, no tengo nación según el Gobierno de Nicaragua, por eso estoy aquí varado todavía en Estados Unidos, por eso no me puedo movilizar, porque tengo el proceso de salida.
Su situación en Estados Unidos debe ser completamente compleja, sin su familia, sin un lugar donde residir ¿Cómo ha sido la recepción allá? ¿Cuál es su calidad de vida a estas alturas?
Bueno, es difícil porque estoy siendo mantenido por mi familia aquí en Estados Unidos. Hay un apoyo limitado de organizaciones no gubernamentales que trabajan con el Departamento de Estado, pero sí un apoyo digamos en temas de salud básica y en tema de conseguir el permiso de empleo, el problema es qué haremos 35 personas que tenemos más de 65 años. ¿Usted se puede imaginar la situación que tenemos? Yo acabo de cumplir 65 años y quién me va a emplear aquí en Estados Unidos, es una situación difícil.
Muchos estamos tomando el rumbo de coger la oferta española, que es que nos han ofrecido la nacionalidad, es decir yo incluso, ya tengo autorizado en un decreto real por el gobierno, la oferta de acogerme como ciudadano español, yo lo solicité, ya me respondieron hace tres semanas o un mes, el gobierno español autorizó mi nacionalidad y estoy por ir en cualquier momento a un consulado como ciudadano español, pero eso implica que yo debo abandonar este sitio, este país, porque debo irme a España, ya más lejos de mi país. Yo lo que quiero es regresar a Nicaragua y voy a regresar a Nicaragua pronto.
En este caso me imagino que la situación de volver a Nicaragua pasa también por el hecho de que usted espere la salida en algún momento de Ortega, por toda la situación legal y lo que está viviendo ¿O pasa por otra cuestión?
Bueno ahí que fuera por la salida de Ortega, pero en cualquier momento puede haber también una negociación, porque el régimen va a cada día en una situación de deterioro y le va a tocar en algún momento, pues la situación internacional se le está complejizando.
Ya no hay recursos en el país, efectivamente ya los bancos internacionales que lo apoyaron hasta el año pasado han comenzado a decirle que ya no lo van a apoyar. Entonces la Unión Europea está demandando el cese el Acuerdo de Asociación con Nicaragua, en Estados Unidos se está demandando también, ya el Parlamento Europeo le dio instrucciones a la Comisión Europea que procedan en esa dirección y aquí también en la OEA se están discutiendo cosas de ese tipo. Entonces esta cosa se va a poner complicada, por ahí puede surgir algo, pero también si yo tengo la posibilidad de ingresar a ayudarle a la gente que está dentro de forma clandestina, lo voy a hacer.
Estamos dispuestos a eso que hicimos desde los 18 años y cómo no lo vamos a hacer a estas alturas. Yo no salí del país en la dictadura de Somoza, yo era organizador de todos los estudiantes en todo el país, allí dentro, nunca salí del país, entonces mucho menos, pues no le tuve temor a caer detenido 17 meses, ni a los 13 años que me condenaron. No tengo ningún miedo. Si hay que hacerlo, pues lo vamos a hacer y todo sea por la justicia social, por la democracia, porque se respeten los derechos humanos y por la libertad sin duda alguna.
