Congreso de Honduras. Foto: laprensa.hn
La Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) expresó su profunda preocupación ante el proyecto de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, promovido por el Congreso Nacional de Honduras. La organización alertó que, lejos de representar un camino hacia el desarrollo sostenible, esta normativa amenaza con debilitar los mecanismos de control ambiental y vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades.
Según Asonog, el proyecto —especialmente a través de su artículo 4— otorga amplias facultades a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) para otorgar, renovar o ampliar licencias ambientales de forma expedita. Esto, advierten, puede traducirse en la flexibilización de controles ambientales y la omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT y normativas internacionales en materia de derechos colectivos.
La organización señala que este tipo de iniciativas sigue la lógica de programas anteriores, como “Honduras Abierto a los Negocios” y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), que facilitaron el traspaso de bienes comunes a intereses privados. «Este nuevo intento de facilitar inversiones bajo la bandera de la ‘eficiencia’ repite el patrón: promete empleo y desarrollo, pero en realidad refuerza un modelo extractivista que sacrifica la vida y el territorio en nombre de un espejismo de crecimiento económico», advierte el pronunciamiento.
Asonog también alerta que la propuesta legislativa agudiza una ya grave crisis ambiental, en un contexto en el que Honduras figura entre los países más peligrosos para quienes defienden el medioambiente. La criminalización, el hostigamiento y la impunidad son frecuentes para quienes protegen el agua, la tierra y los bosques.
En respuesta, la organización exhorta al Congreso Nacional a detener el avance de esta ley y a abrir un debate participativo, con garantías para la sociedad civil, pueblos indígenas y comunidades afectadas. Sostienen que el verdadero camino hacia el desarrollo debe construirse con transparencia, equidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos y ambientales.
“¡Honduras nos pertenece a todos y todas! Es tiempo de defenderla con dignidad, proteger nuestros bienes comunes y avanzar hacia una sociedad justa, equitativa y verdaderamente sostenible”, concluye el pronunciamiento difundido desde Santa Rosa de Copán.
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