¿Cesar a los prorrogados o aprobar créditos? La disputa deriva en pelea física y vigilia arcista dentro del Legislativo

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Las diputadas Gloria Callizaya (MAS) y Mayra Zalles protagonizaron uno de los choques. Foto: LN

Una sesión de la Cámara de Diputados instalada la tarde de este jueves y que se prolongó hasta la mañana de este viernes se convirtió en un ring de pelea entre los legisladores arcistas y los opositores, que disputaban la agenda legislativa. Mientras los arcistas exigían aprobar en primer lugar los siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo, los opositores pedían que se empezara por la cesación de funciones de los magistrados autoprorrogados.

Sin embargo, los legisladores no fueron los únicos actores de la bochornosa sesión, sino que movimientos sociales que responden al gobierno de Luis Arce ingresaron al piso 18 de la Asamblea Legislativa y se apostaron en la puerta de hemiciclo para evitar que salgan los legisladores que se oponían a la aprobación de los créditos. Luego, la barra se instaló en uno de los palcos del hemiciclo. En ese punto, legisladores de la oposición denunciaron que estaban “secuestrados” por los sectores sociales del arcismo.

El abogado especialista en Derechos Humanos, Franco Albarracín, también criticó este despliegue. «En el 2020, Bukele irrumpió en el Congreso salvadoreño con militares. En Bolivia, Luis Arce es mucho más estratégico para evitar la crítica internacional: utiliza grupos de choque disfrazados de «movimientos sociales» para secuestrar asambleístas y así imponer su agenda», escribió en su cuenta X.

Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana de este viernes, la diputada Verónica Chalco, que preside interinamente la Cámara de Diputados, dio por aprobado uno de los créditos. En la votación se registró un empate (51 a 51 votos), pero ella anunció la aprobación, lo que provocó el enojo de los opositores y evistas, que denunciaron fraude. Entonces, todos se trenzaron en un forcejeos, golpes, arañazos y jalones.

El crédito que supuestamente quedó aprobado es de la CAF para la Construcción doble la vía Caracollo – Colomi; tramo 2B Confital – Bombeo.

La diputada opositora Luisa Nayar, denunció que Chalco votó dos veces. “Además de que este voto se ha emitido, parece ser que (los arcistas) han ido a la misma escuela que el señor (Álvaro García) Linera, porque haciendo su doble voto (pensaron que) podían conseguir los 53 votos necesarios. Acá se tiene 51 votos de rechazo y 51 de aprobación, incluido el voto de la señora Chalco, y faltaban 2 votos para obtener la mayoría absoluta”, explicó la legisladora, según un reporte de ANF.

Frente a esta situación, el expresidente Carlos Mesa y jefe de Comunidad Ciudadana, escribió en su cuenta X que “el gobierno de Arce y sus diputados obsecuentes han enlodado la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, perpetrando un fraude en la votación de una ley que no ha sido aprobada, manipulando los resultados de esa votación y usando grupos de choque para hostigar y amenazar la integridad de los diputados de oposición. Esta acción ha roto el último dique de respeto a las normas de la Cámara Baja y muestra la naturaleza autoritaria y violenta de este régimen”.

En cambio, la presidenta de la Cámara dijo que no le dejan trabajar por su condición de indígena. “Quizá porque estoy dirigiendo como mujer indígena, originaria campesina, representante de los más necesitados me están discriminando y no me están dejando trabajar, pero sí me comprometo lo que se ha firmado (el) acuerdo con las tres fuerzas políticas voy a hacer cumplir, si es posible esta noche o mañana”, dijo Chalco.

Además de agresiones, se registraron dos cuartos intermedios porque no había consenso para establecer un orden de tratamiento de proyectos de ley.

Los magistrados de las altas cortes de Bolivia concluyeron sus gestiones el 31 de diciembre, sin embargo, por una disposición del Tribunal Constitucional, decidieron mantenerse en sus cargos hasta que haya elecciones judiciales en Bolivia.

La prórroga es rechazada por la oposición y el evismo con el argumento de que rompe el orden constitucional, pues los mandatos son de seis años y son improrrogables.

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