Instalaciones del CEJIS. Foto: Noticias de Bolivia
El Centro de Estudios Jurídicos de Investigación Social (CEJIS) mediante un pronunciamiento denunció ataques, amenazas y estigmatización en su contra por parte de actores del Órgano Legislativo y sectores cívicos de Santa Cruz, y pidió al Gobierno nacional y a instituciones internacionales de derechos humanos garantías para el ejercicio de su labor.
«Solicitamos al Sistema Interamericano y al Sistema Universal de Derechos Humanos medidas de protección para garantizar nuestra labor y la integridad de las personas que trabajan en nuestra institución en Santa Cruz y Beni», dice el pronunciamiento de este 15 de mayo.
La organización expresó su preocupación por las acusaciones de “desestabilización política” lanzadas en su contra tras su postura crítica frente a la Ley 1720 de conversión de tierras y la reciente Ley 1731 relacionadas con el régimen agrario.
El CEJIS rechazó las acusaciones y ratificó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Además, afirmó que las acciones y declaraciones en su contra buscan restringir libertades fundamentales como el derecho a la libre asociación.
“Denunciamos estos ataques y demandamos al gobierno nacional”, señala parte del documento.
En el pronunciamiento, el CEJIS recordó que desde 1992 acompaña procesos de defensa territorial y derechos indígenas en Bolivia, y destacó su participación en reformas como la Ley INRA, la reforma agraria y la Constitución Política del Estado de 2009.
Asimismo, defendió su postura frente a la Ley 1720, norma que —según la organización— vulneraba garantías constitucionales sobre la pequeña propiedad agraria y omitía el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Aunque la ley fue abrogada, el CEJIS manifestó preocupación por la Ley 1731, al considerar que promueve una “regionalización del debate agrario” que podría afectar el régimen constitucional sobre la tierra y el territorio.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
