Operativo en la Casa de la Mujer realizado por funcionarios de Gobierno y de la Policía. Foto: Casa de la Mujer
La Casa de la Mujer denunció que más de 20 personas, entre funcionarios del Ministerio de Gobierno, efectivos policiales y personal de Migración, ingresaron a sus oficinas el pasado 19 de junio, en un hecho que calificó como un allanamiento y una vulneración de los derechos fundamentales de mujeres sobrevivientes de violencia que reciben atención en esa institución.
«Allanaron la Casa de la Mujer, violaron la dignidad de todas las mujeres, incluyendo a las sobrevivientes que solo buscan protección», señaló la Casa de la Mujer mediante una carta pública al gobierno de Rodrigo Paz.
En el documento, la organización sostiene que la intervención se efectuó sin respetar garantías constitucionales y afectó la privacidad y dignidad de las usuarias que se encontraban en procesos de atención psicológica y legal.
Según el pronunciamiento, durante el operativo los funcionarios tomaron fotografías y realizaron grabaciones dentro de las instalaciones, además de solicitar documentación a personas que se encontraban en el lugar. La organización afirma que varias sobrevivientes fueron obligadas a interrumpir sus sesiones de atención para identificarse ante las autoridades.
La Casa de la Mujer, entidad feminista que desde hace 36 años trabaja en la prevención de la violencia y la atención integral a mujeres, aseguró que el refugio temporal que administra alberga a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, por lo que considera que la actuación estatal puso en riesgo la seguridad de sus beneficiarias.
En la carta, la organización cuestiona los motivos de la intervención y exige al Gobierno informar de manera transparente qué se buscaba con el operativo. Asimismo, rechaza cualquier intento de vincularla con intereses políticos, remarcando que se trata de una institución apartidista y sin fines de lucro.
«¿Cuál fue el motivo de tan desagradable intromisión en nuestra casa? ¿Por qué perseguir a las mujeres, estamos volviendo a los tiempos de la cacería de brujas? ¡¿Qué buscaban y por qué no lo informaron transparentemente, como debe ser antes de cometer semejante arbitrariedad?! Es una respuesta que debe ser brindada por sus ministros y personeros, quienes abusivamente entraron a nuestras oficinas», señala la Carta.
La entidad también invocó varios artículos de la Constitución Política del Estado relacionados con la protección de la dignidad humana, la inviolabilidad del domicilio y el resguardo de las comunicaciones privadas.
Además, la organización advirtió que la búsqueda de responsables o financistas de eventuales medidas de presión social debe realizarse mediante los mecanismos legales correspondientes y respetando los derechos fundamentales de personas e instituciones. En ese sentido, señaló que ninguna investigación puede justificar acciones que generen intimidación, revictimización o vulneración de derechos.
Finalmente, la Casa de la Mujer pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional actuar con respeto hacia las organizaciones sociales, feministas y defensoras de derechos humanos, y sostuvo que el Estado debe garantizar una gestión inclusiva y apegada al marco constitucional. «Ninguna acción puede justificar acciones que generen intimidación, revictimización o vulneración de derechos», finaliza la carta.
La organización no informó si presentará acciones legales por los hechos denunciados, pero demandó una respuesta oficial de las autoridades involucradas en el operativo.
Aquí puede leer la carta:
