El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional correspondiente al 2023, otorga a Bolivia un puntaje de 29 puntos, dos menos que el 2022. Ese es el nivel más bajo obtenido por el país en la última década, sólo equiparable al 2018, cuando también obtuvo 29 puntos.
En Sudamérica, Bolivia ocupa el tercer peor lugar en cuanto a percepción de la corrupción, sólo después de Venezuela, que tiene 13 puntos, y Paraguay, que saca 28 puntos.
El 2012, es decir hace 10 años, Bolivia tenía un índice de 34 y luego fue fluctuando hasta situarse en el puesto 29 el 2018 y el 2022.
Transparencia Internacional indica que el índice revela que en las Américas el Poder Judicial no está cumpliendo su papel crucial de contrapeso a otros poderes del Estado.
“La ausencia de independencia judicial debilita el estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos”, indica la organización que elabora el índice.
Este diagnóstico llega justo en momentos en que Bolivia enfrenta una aguda crisis judicial, en la que se combinan la falta de independencia, la corrupción y la retardación. La situación es tan complicada que los actuales magistrados de las altas cortes se autoprorrogaron en sus cargos con la anuencia del Gobierno.
“Abordar este problema (el de la justicia) resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región cuyo promedio se mantiene en 43 y dos tercios de los países se sitúan por debajo de los 50 puntos”, indica Transparencia.
“Los países de la región deben esforzarse por tener poderes judiciales para garantizar la rendición de cuentas y justicia. No hacerlo erosiona los cimientos de la democracia y el estado de derecho”, expresó Luciana Torchiaro, consejera regional para Américas de Transparencia Internacional.
Desde su creación en 1995, el índice de percepción de la corrupción se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público.
El Índice asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo según las percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público, a partir de datos de 13 fuentes externas que incluyen al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, grupos de especialistas y otras fuentes.
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