Bolivia recibe 275 recomendaciones sobre DDHH y el Gobierno presenta un informe observado por la sociedad civil

Derechos Humanos

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Mery Vaca

Representantes de organizaciones de la socidad civil evalúan el trabajo de incidencia en el EPU. Foto: Sumando Voces

Durante el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos, realizado este 21 de enero en Naciones Unidas, el estado boliviano recibió 275 recomendaciones, a diferencia del 2019 cuando recibió 238 recomendaciones.

Entre tanto, el Gobierno presentó un informe, sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del 2019, que fue observado por la sociedad civil por contener algunos aspectos que “que no coinciden con la realidad” o por quedarse en los proyectos, políticas e ideas, y no mostrar la aplicación práctica de las medidas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, que presentaron informes alternativos, hicieron una evaluación del EPU en un evento con periodistas la noche de este jueves, donde destacaron que su trabajo de incidencia fue tomado en cuenta por los diversos países para hacerle recomendaciones al Estado boliviano.

Las principales recomendaciones de los 98 países que participaron son:

  • Acceso a la justicia y garantizar la independencia judicial
  • Protección a defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores independientes
  • Reformar la lucha contra la trata y brindar atención a las víctimas
  • Prevención de la tortura
  • Erradicar el trabajo infantil y elevar la edad mínima de trabajo a 15 años
  • Aplicación el principio de igualdad salarial
  • Acceso a la justicia y reparación para sobrevivientes de violencia contra las mujeres
  • Erradicar el matrimonio infantil y la excepción a la edad mínima para el matrimonio (18 años)
  • Modificación de leyes sobre violencia sexual para alinearlas con estándares internacionales
  • Despenalización del aborto
  • Acceso a salud sexual y reproductiva
  • Medidas para reducir la mortalidad materna
  • Registro de recién nacidos independientemente de la identidad de género de los padres/madres
  • Modificación de leyes y prácticas discriminatorias y violencia hacia la población LGBTIQ+
  • Acceso a la educación, especialmente para niñas y niños indígenas y rurales con discapacidad
  • Reducir emisiones de mercurio de la minería ilegal
  • Garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas

Unas 300 organizaciones de la sociedad civil se han articulado para presentar informes alternativos, los que suman un total de 19, reportes que fueron presentados en diversos eventos nacionales, pero también en una presesión del EPU en Ginebra, en noviembre pasado, donde hubo reuniones con diversas delegaciones de países con el objetivo de lograr incidencia.

Una vez que las recomendaciones estén aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sociedad civil espera que se pueda consensuar un plan de Derechos Humanos con el Gobierno.

El informe del Gobierno

El encargado de rendir el examen por parte de Bolivia fue el ministro de Justicia, Cesar Siles, quien estuvo acompañado de tres viceministros, el secretario general de la Vicepresidencia y otros funcionarios.

En declaraciones de prensa, el Ministro dijo que Bolivia había cumplido alrededor del 85% de las recomendaciones recibidas en el EPU de 2019, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil hicieron observaciones al informe.

La coordinadora del programa Defensores y Defensoras de UNITAS, Claudia Terán, dijo que de las 18 recomendaciones sobre libertades fundamentales, ninguna se ha cumplido y que esa constatación es posible gracias al trabajo que realiza el Observatorio de derechos de la institución.

Entre tanto, la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, dijo que “ha habido información que se ha brindado que no coincide con la realidad de parte del Ministro, ha habido reiteraciones sobre información, se ha quedado mucho en el proyecto, el plan, la iniciativa y la propuesta”, sin entrar en la ejecución.

Carlos Zárate, también de la Comunidad de Derechos Humanos, dijo que las organizaciones de la sociedad civil le dan una “mala calificación” al informe del Ministro, porque en su mayoría las recomendaciones “no se han cumplido o se han cumplido parcialmente”.

Por ejemplo, como mecanismo de protección a los periodistas el ministro Siles expuso la labor del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), sin embargo, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, señaló que las veces que esa instancia intervino en casos de periodistas fue para disuadirlos de seguir con las demandas, como el caso de Las Londras.

Claudia Terán, además, dijo que los periodistas no han aceptado que el SEPDAVI les acompañe en sus causas porque es un mecanismo poco efectivo,  no es legítimo ni confiable.

 En todo caso, este año, las organizaciones de la sociedad civil también inaugurarán un Observatorio del EPU, que podría determinar con mayor precisión el grado de cumplimiento de las recomendaciones, aunque actualmente ya se realiza ese trabajo, pero sin un observatorio.

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