Bolivia necesita inversiones. Las necesita para reactivar su economía, generar empleo, recuperar su capacidad productiva y enfrentar una crisis que ya no puede resolverse con las recetas del pasado. Pero atraer capital no puede significar volver a recorrer el camino que durante décadas convirtió la explotación de los recursos naturales en la principal apuesta de desarrollo del país.
El extractivismo fue durante mucho tiempo sinónimo de bonanza. Durante los años de mayores ingresos por la exportación de gas, Bolivia llegó a exportar alrededor de 7.000 millones de dólares en un solo año. Fueron los años de las “vacas gordas”, pero también los años en los que se consolidó una economía dependiente de la renta de los recursos naturales. Cuando esa bonanza terminó, quedaron al descubierto las debilidades de un modelo que no logró diversificar suficientemente la producción ni generar el valor agregado que el país necesitaba.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente cómo volver a atraer inversiones, sino qué inversiones queremos y para qué modelo de desarrollo.
La respuesta exige mirar también el costo que el extractivismo ha dejado sobre los territorios y las personas. En distintos lugares del país, la explotación minera, hidrocarburífera y forestal ha significado contaminación, pérdida de fuentes de agua, deforestación y transformaciones profundas en las formas de vida de pueblos y naciones indígena originario campesinos. En algunos territorios, además, la consulta previa —un derecho reconocido por la Constitución— continúa siendo ignorada o reducida a un trámite formal.
Esto no es un asunto secundario ni un obstáculo para el desarrollo. Es precisamente una de las condiciones para que el desarrollo sea sostenible.
La experiencia también demuestra que desconocer estos derechos puede terminar generando conflictos sociales, deteriorando proyectos y exponiendo al propio Estado a millonarias controversias. El caso de South American Silver es una muestra concreta. El conflicto entre una empresa minera y comunidades indígenas precedió a la reversión de concesiones y terminó en un arbitraje internacional. Bolivia fue condenada a pagar una indemnización que finalmente se acordó en 25,5 millones de dólares.
La lección es clara: la defensa del Estado frente a un eventual arbitraje no comienza cuando llega la demanda. Comienza mucho antes, cuando se diseña una política pública, se establece un contrato, se define una concesión o se autoriza un proyecto.
Por eso resulta pertinente hablar de inversiones sostenibles. No de inversiones que renuncien a la rentabilidad, sino de aquellas capaces de incorporar desde su diseño criterios ambientales, sociales y de gobernanza, respetar los derechos humanos y prevenir conflictos con las comunidades. Expertos reunidos recientemente en La Paz plantearon precisamente que cualquier nuevo marco de inversiones debe considerar estos estándares y, cuando corresponda, establecer salvaguardas para los mecanismos de arbitraje.
Pero cambiar el modelo no significa abandonar las actividades productivas ni renunciar a aprovechar los recursos naturales. Significa dejar de depender exclusivamente de ellos y ampliar la mirada hacia aquello que Bolivia ya tiene y que muchas veces ha quedado relegado.
Un ejemplo está en la agricultura familiar. Según datos presentados por CIPCA, representa el 99,7% de la base productiva del altiplano, el 99,4% de los valles, el 95,7% de la Amazonía, el 94% del Chaco y el 86,6% de los llanos tropicales. Además, seis de cada diez alimentos que consumen los bolivianos provienen de este tipo de producción.
Son cifras que obligan a cambiar la mirada. La economía boliviana no se sostiene únicamente en el gas, los minerales o las exportaciones de materias primas. También se sostiene en miles de productores que alimentan al país, en el manejo comunitario de los bosques, en la biodiversidad, en la transformación de productos, en las energías renovables y en conocimientos que durante demasiado tiempo fueron considerados secundarios frente a la gran explotación de recursos.
La transición hacia un modelo distinto no será inmediata ni sencilla. Tampoco significa cerrar la puerta a la minería, los hidrocarburos o las inversiones privadas. Significa establecer reglas claras para que estas actividades respeten derechos, protejan el ambiente, generen beneficios para el país y no trasladen sus costos a las comunidades y lo más importante, hacerlas cumplir.
Bolivia tiene hoy la oportunidad de discutir una nueva Ley de Inversiones y, con ella, el modelo de desarrollo que quiere para las próximas décadas. Sería un contrasentido aprobar un nuevo marco para atraer capital sin aprender de las consecuencias del modelo que ya conocemos.
El desafío no es escoger entre desarrollo y protección de derechos. El verdadero desafío es construir un desarrollo que no tenga que sacrificar derechos para producir riqueza.
Después de haber vivido las consecuencias del rentismo y de un modelo extractivo que no logró transformar suficientemente la riqueza natural en desarrollo sostenible, Bolivia necesita atreverse a cambiar la pregunta. Ya no se trata solo de cuánto podemos extraer o cuánto capital podemos atraer, sino de qué país queremos construir con esas inversiones y qué estamos dispuestos a proteger para que ese desarrollo también les pertenezca a las próximas generaciones.
