La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Pando (APP) repudian la censura previa bajo amenaza y amedrentamiento contra el equipo de prensa de Televisión Universitaria (TVU) canal 21, cometido presuntamente por Rolando Sánchez, Fiscal de Materia en Pando.
El hecho ocurrió la madrugada del domingo 12 de mayo durante la cobertura informativa de un operativo de control a centros nocturnos y moteles de la ciudad de Cobija. La actividad inició a las 2 de la madrugada y estuvo a cargo de la Fiscalía departamental, en coordinación con la Policía, la Intendencia Municipal, Seguridad Ciudadana y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Tras la grabación de la persecución policial y captura de un adolescente que trabajaba en un lenocinio, el Fiscal Rolando Sánchez obligó a los periodistas a borrar las imágenes.
«Denunciamos que el referido fiscal intimidó y agredió a la periodista y a su camarógrafo, los amenazó con secuestrar sus equipos de trabajo y procedió personalmente a revisar las imágenes del operativo hasta obligarlos a borrarlas», refiere el pronunciamiento.
La ANPB y la APP lamentan el accionar de dicha autoridad, ya que vulnera las garantías constitucionales a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Asimismo, el derecho de la ciudadanía a la comunicación y a la información.
«Dejamos establecido que las imágenes registradas por TVU durante el operativo y censuradas por el fiscal, no captaban el rostro de la menor tal como establece el Código Niña, Niño y Adolescente en resguardo de la protección de la imagen y la confidencialidad que se debe guardar cuando se trata de una menor de edad», acota el pronunciamiento.
Además, expresaron su respaldo al trabajo de los periodistas de TVU y denunciaron que el accionar de algunas autoridades constituye una flagrante vulneración a la libertad de expresión y de prensa y, fundamentalmente, al derecho de acceso a la información de la población.
Finalmente, aseguraron que están en alerta ante conductas que intentan «acallar a la prensa» y exigen el esclarecimiento de este tipo de hechos de obstrucción y vulneración al trabajo periodístico en los que resulte involucrada cualquier autoridad de Estado durante el ejercicio de su función pública.
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