La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) realizaron un pronunciamiento en el que exigen justicia en favor de su colega Carolina Ulloa, quien denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica de parte de su expareja.
«La violencia sufrida por nuestra colega no sólo constituye una grave violación a los derechos humanos, sino que también representa un atentado contra la integridad y dignidad de una profesional dedicada a informar y servir a la sociedad. La violencia contra las mujeres, en cualquier forma, es inaceptable y debe ser sancionada con la mayor drasticidad», refiere el pronunciamiento, que además expresa solidaridad con Ulloa.
La periodista denunció que durante 15 años fue víctima de maltratos físicos y psicológicos de parte de Álvaro G.V.M., con quien tuvo una hija, y ahora el presunto agresor pretende obtener la patria potestad.
«Al amparo de la impunidad de la justicia, ahora Álvaro G.M.V. pretende obtener la tenencia de la hija de cuatro años que procrearon durante su matrimonio, nuevamente con ayuda de operadores de justicia inescrupulosos que, pese a los graves hechos de violencia familiar, le otorgaron el derecho de visitas no supervisadas a la menor, contó nuestra colega», acota el texto.
Tras una denuncia formal de Ulloa, la jueza Karen Romero Ibáñez, del Juzgado Público de Familia Primero de la zona Sur, dictaminó medidas de protección en favor de la madre, mas no de la hija, por lo tanto, el padre convive con ella un día a la semana. Ulloa denuncia que su expareja era violento incluso con la niña, por lo tanto teme por su seguridad.
La víctima y las asociaciones de periodistas exigen la inmediata intervención de las autoridades jurisdiccionales, así como de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para que se tomen las medidas correspondientes contra el agresor, según establece la Ley 348 y otras leyes que protegen a las mujeres. «Pedimos que se tomen todas las medidas de protección a la vida, integridad y seguridad de Carolina, su pequeña hija y sus familiares, ante cualquier acción que se pretenda ejercer con ellas», agrega el pronunciamiento.
La APLP y la ANPB, en el marco del derecho constitucional de control social, realizará el seguimiento a este caso para que los operadores de justicia actúen en derecho y cumplan las normas que corresponden para defender a las víctimas y sancionar los hechos de violencia denunciados.
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