Imágenes de militares en puertas de la Casa Grande del Pueblo. Foto: @KawsachunNews)
Mediante un pronunciamiento, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) exige la conformación de una comisión especial con participación de parlamentarios, la sociedad civil y veedores internacionales para investigar el asalto militar suscitado el 26 de junio en la plaza Murillo de La Paz.
«Como APDHB exigimos una investigación urgente, profunda e imparcial, en el marco del respeto de las libertades fundamentales y del debido proceso, que no puede ser garantizado por el actual sistema de justicia, por lo que deberá conformarse una comisión especial con participación de diputados y/o senadores, delegados de la sociedad civil y con veedores internacionales», refiere el texto.
Asimismo, la entidad asegura que la investigación deberá extenderse a las autoridades responsables de la seguridad del Estado en el marco del cumplimento de sus obligaciones.
Demanda, también, que el Gobierno reestablezca la institucionalidad democrática y constitucional como condición indispensable para superar la crisis multidimensional actual y evitar la debacle total del país.
La APDHB señala que «supuestos golpes de Estado no pueden servir de pretexto para la represión», como lo ocurrido con tras la violencia de Chaparina o en el caso del Hotel las Américas, donde no se respetan los preceptos constitucionales como la presunción de inocencia.
«Hechos como el del pasado 26 de junio solamente es posible en un escenario creado por el mismo gobierno a partir del desmontaje de la institucionalidad democrática y constitucional, mediante el control de todos los órganos del Estado, el envilecimiento de la justicia, el virtual cierre de la Asamblea Legislativa y el golpe judicial a través de magistrados autoprorrogados», acota el texto.
Además, puntualiza que a nivel de la sociedad civil, acciones como la cooptación y división de las organizaciones, la protección a avasalladores de la propiedad civil, sumando a lo anteriormente señalado, se constituyen en los verdaderos golpes al sistema democrático, a la Constitución y al estado de derecho, poniendo a Bolivia «al borde de un estado de facto».
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