Encontrarse con poblaciones que claramente prescindían de una figura omnipotente que regulara sus formas de organización política, fue un asunto difícil de entender y chocante en algunos casos, para los primeros europeos que llegaron a las costas del Atlántico americano después del año 1492. Pueblos que, a pesar de su diversidad sociocultural y lingüística, habían constituido grandes alianzas sociopolíticas para la gobernanza de extensos territorios sin la mediación de una figura totalitaria como la de un Rey, causó revuelo entre los círculos intelectuales del viejo mundo de aquella época.
La historia oculta el vínculo que tuvieron estas formas de organización política y de gestión del poder de los pueblos del nuevo mundo, con las teorías que sustentaron las transformaciones más radicales en Europa. Se conoce que estos sistemas de organización política y sus fundamentos filosóficos fueron ampliamente estudiados por los primeros clérigos que llegaron a América y que en lo posterior inspiraron obras como “la UTOPIA” de Tomás Moro, principal influencia del socialismo utópico, sin las que no se entenderían las consignas de Liberté, égalité et fraternité.
Este es un aspecto central para entender la problemática de la participación y representación política de los pueblos indígenas de Bolivia, en tanto son herederos de estas formas organizativas y de gestión política que, a pesar de la acción violenta de la colonia como de la república, han pervivido en resistencia reproduciendo y recreando sus sistemas propios de organización y administración.
Empero, si se sostiene que, los pueblos indígenas se constituyeron en un aporte esencial a la democracia moderna, ¿cómo se entiende que, en lo posterior, se encuentren relegados de ésta, con sistemas de organización política paralelos o al margen de los sistemas democráticos de los Estados de América?
Al respecto, haré algunas acotaciones: i) la democracia es un sistema de organización política, en la que, a decir de la concepción griega de democracia, el ejercicio de los derechos políticos eran inherentes solo a los ciudadanos que constituían una parte exclusiva de la sociedad; ii) para el caso boliviano, la acción de la colonia reforzada por la república, instituyó una organización social y política sobre bases del despojo y la exclusión de las mayorías indígenas, es decir, un “aparente” sistema democrático similar al sistema griego, cuya práctica estuvo sujeta a mecanismos estructurales de exclusión y de dominación hegemónica de las castas blanco mestizas sobre las mayorías indígenas, que como da cuenta la historia de nuestras formaciones sociales expresan profundas contradicciones y tensiones sociales que persisten hasta nuestros días.
En este sentido, podríamos citar muchos ejemplos de resistencia en la geografía nacional, desde el Katarismo en tierras altas, los levantamientos guaraníes el sur del país, las movilizaciones indígenas en Busca de la Loma Santa del sur amazónico en tierras bajas, que se constituyen en acciones claras de rechazo al Estado Colonial sea en su versión de colonia española o en su versión republicana. Ambos periodos cimentaron y fortalecieron una institucionalidad estatal colonial y excluyente, pero con apariencia democrática.
Las movilizaciones indígenas de las últimas décadas del siglo pasado, interpelaron y resquebrajaron las bases de la institucionalidad del Estado Colonial, la introducción de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, el reconocimiento de sus propias formas organizativas y de administración de justicia, se constituyeron en ejes centrales de las demandas históricas que dieron lugar en la primera década del presente siglo, al nacimiento del Estado pluralista y comunitario que reconoce e incorpora los mecanismos de democracia comunitaria de los pueblos indígenas.
Aunque es importante mencionar dos aspectos centrales previos en la perspectiva de entender el avance en el ejercicio de la participación y representación política indígena: el año 1994 se promulga la Ley No. 1551 de Participación Popular dinamizó la participación política en los espacios locales, muchos de los cuales, sobre todo en áreas rurales, fueron ocupados por representantes indígenas. Por otro lado, el año 2005 se promulgó la Ley No. 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que posibilitó a los pueblos indígenas participar en representación de sus propias organizaciones logrando por primera vez representación al margen de la intermediación partidaria.
Contrariamente a lo esperado, en el debate constituyente se limitó los planteamientos de las organizaciones indígena-originaria sobre su presencia y representación en los espacios de representación política bajo argumentos y parámetros liberales. De esa manera, la representación indígena quedó limitada en lo nacional, a solo siete -de ciento sesenta- diputaciones que deben elegirse en circunscripciones especiales indígenas bajo el mecanismo liberal de los votos, espacios en los que compiten partidos políticos y terminan acaparando la representación indígena. En el plano subnacional, se han abierto mejores posibilidades para la participación y representación de los pueblos indígenas en los órganos legislativos, a pesar de su reducido número no deja de ser significativo, más aún si acceden a estos espacios por normas y procedimientos propios.
Sin embargo, en esta aún corta experiencia, la presencia de representantes indígenas en los ámbitos nacionales y subnacionales no implicó necesariamente la defensa de la agenda histórica de los pueblos indígenas, contrariamente a lo esperado, avalaron propuestas legislativas que violan derechos de los pueblos indígenas y en algunos casos, inclusive, se prestaron para debilitar y dividir a sus propias estructuras organizativas, en absoluta sumisión, al partido político por el que candidatearon, en desmedro de sus organizaciones que les respaldaron.
No se puede negar que la presencia indígena en estos espacios son un avance sustancial en la perspectiva de la construcción del Estado Plurinacional Comunitario. Sin embargo, en los últimos 10 años hemos asistido a un sistemático debilitamiento del proyecto pluralista comunitario, que no sólo consistió en el control del gobierno sobre las estructuras organizativas del movimiento indígena originario, sino, de un vaciamiento de contenidos tanto de la narrativa como de la simbología indígena que es utilizada en su forma para encubrir en el fondo la arremetida reaccionaria y restaurativa del viejo Estado Colonial.
En este sentido, ¿Qué balance podemos hacer de la participación y representación política en las últimas elecciones subnacionales? Los resultados electorales evidencian una gran pluralidad y diversidad de frentes y opciones políticas que lograron importantes victorias en municipios como en gobernaciones, son una vigorosa señal que las fuerzas sociales tienen la posibilidad de actuar con mayor independencia. En este sentido, varias organizaciones indígenas, sobre todo en tierras altas, presentaron sus candidaturas con alianzas políticas alternativas a la del partido hegemónico.
Aunque se debe señalar que la Ley No. 1096 de Organizaciones Políticas de 2018 representa un claro retroceso en términos de representación indígena directa, puesto que establece que los pueblos indígenas solo pueden participar en espacios de representación a partir de una organización o partidos político. Esto es contrario a lo previsto en la CPE y constituye un retroceso en relación a la norma anterior de la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.
Llama la atención, además, que a pesar de que el Órgano Electoral Plurinacional abriera la posibilidad de la participación de candidaturas indígenas a través de sus propias organizaciones en las circunscripciones especiales indígenas, las organizaciones indígenas hayan optado por apoyar a las y los candidatos del partido de gobierno antes que, a los candidatos de sus propias organizaciones indígenas, lo que muestra aun el control partidario sobre dirigentes y estas organizaciones, sobre todo en tierras bajas.
Por tanto, un aspecto fundamental para cualificar la participación y representación indígena, pasa por el fortalecimiento e independencia de las organizaciones indígenas, por la recuperación de su agenda histórica, del sentido de sus prácticas organizativas y de esas narrativas portadoras de aquella forma de gestión política que rechaza el uso y la acumulación del poder, la de la búsqueda de los consensos antes que la imposición de mayorías, principios que inspiraron cambios sustanciales en la historia política reciente de nuestro país y cambios profundos en la historia de nuestro planeta.
Hernán Ávila Montaño
Coordinador general proyecto «Sumando Voces»
