La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APLP) expresó que la decisión de los magistrados de las altas cortes de autoprorrogarse en sus mandatos, “está atentando a la vigencia de la democracia y los derechos humanos y en un país donde los derechos humanos son vulnerados por el Estado no se puede vivir en democracia plena”.
El pronunciamiento está firmado por la presidenta de la Asamblea, Amparo Carvajal, quien cumple sus funciones en la calle desde hace ocho meses, puesto que su oficina permanece custodiada por la Policía luego de que el año pasado fuera tomada por un grupo paralelo que responde al oficialismo.
“No podemos quedar indiferentes ante la desinstitucionalización del país en general y del sistema judicial en particular, por lo que hacemos un llamado a la población en general, a los defensores de derechos, organizaciones e instituciones a una lucha conjunta por la recuperación de la democracia y sus instituciones, dejando de lado sus intereses de grupo o personales”, indica el comunicado que titula “callar nos hace cómplices de la injusticia”.
También hace un llamado para “no caer e la trampa de la polarización, cuyo único resultado es la división y la dispersión, generando condiciones propicias para la profundización del autoritarismo”.
La Asamblea de Derechos humanos hace notar que la autoprórroga de mandatos va en contra de estándares internacionales, entre ellos los establecidos en la opinión consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que los cargos electos no pueden ser de duración indefinida, y la Carta Interamericana que, según el comunicado, señala que “ejercer una función pública al margen de lo que establece la CPE en cuanto al tiempo de duración y la forma de elección es una alteración al Estado de derecho”.
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