La familia cree que quienes amenazan son los mismos que quemaron la casa de Albarracín en 2019.
Brújula Digital
Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por las recientes amenazas dirigidas contra el defensor de derechos humanos Waldo Albarracín y su familia. La organización envió una carta al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la que solicita un informe sobre las medidas que el gobierno boliviano implementó para proteger a la familia Albarracín.
“Saben dónde vivimos y están pendientes de lo que hacemos. Fueron amenazas directas. La sospecha que tenemos, en el marco de las investigaciones que realizamos, es que estas amenazas provienen de las mismas personas que participaron en el incendio de nuestra casa en 2019. Estas denuncias las hemos presentado ante el Ministerio Público, y estamos siguiendo los canales correspondientes”, declaró Franco Albarracín, abogado y experto en derechos humanos.
Waldo Albarracín, conocido por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Bolivia, ha sido blanco de ataques, amenazas y campañas de desprestigio durante años. Uno de los incidentes más graves ocurrió en octubre de 2019, cuando un grupo de personas atacó e incendió su casa durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional ha señalado que este acto fue precedido por declaraciones públicas de autoridades que estigmatizaron tanto a Waldo como a su hijo, Franco Albarracín.
“Estas amenazas surgieron después de que emprendimos acciones para evitar que se cierre el caso. Los autores del intento de asesinato de mi familia tienen la intención de que el caso se cierre para evitar que alguien sea encarcelado. Aunque existe la posibilidad de apelar cuando se cierra un caso, y podría haber reconsideraciones, el Fiscal Departamental no puede continuar con la investigación a nivel interno, lo que nos obliga a acudir a instancias internacionales”, agregó.
Amnistía Internacional ha reiterado que el Estado boliviano tiene la responsabilidad de proteger a los defensores de derechos humanos y ha solicitado información detallada sobre las acciones tomadas para salvaguardar a la familia Albarracín. La organización también recuerda que este tipo de ataques no solo constituyen una violación de derechos fundamentales, sino que también envían un mensaje preocupante sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos en Bolivia.
Franco Albarracín también destacó la falta de apoyo recibido por parte de las autoridades: “En 2019 intentaron asesinar a Waldo (Albarracin) con un golpe en la cabeza e intentaron quemar a mi familia dentro de la casa. En 2020, recibimos más de 80 amenazas de muerte, y hasta el día de hoy, en los últimos días, las amenazas han resurgido. En ningún momento hemos recibido apoyo o protección, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente”.
En cuanto al proceso judicial, Franco mencionó: “El juez y el fiscal que estuvieron a cargo del caso del incendio de nuestra casa terminaron enjuiciando a Waldo Albarracín. Tenemos que presionar al Ministerio Público. Sabemos que Juan Lanchipa (actual Fiscal General) adoptó una postura política en este caso y los fiscales están intentando cerrar el caso, y aprovecharemos la elección del nuevo fiscal general para exigir una investigación objetiva e independiente. No queremos favores, sino una investigación imparcial”.
Finalmente, Franco Albarracín adelantó los próximos pasos que tomará la familia: “Tras el pronunciamiento de Amnistía Internacional, enviaremos el caso a las instancias internacionales correspondientes. No descansaremos hasta que se haga justicia.”
Esta situación ha puesto de relieve las serias amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en Bolivia, y la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de estos acontecimientos.
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