Foto: La casa de Waldo Albarracín fue quemada en 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la “persecución y amedrentamiento” en contra de algunas víctimas de los procesos penales instaurados por la crisis política del 2019, según se desprende de la Mesa de Seguimiento (MESEG) a las conclusiones del GIEI, instancia que investigó esos sucesos.
«En atención a la información recibida, la Comisión nota con preocupación el contexto de persecución y amedrentamiento en contra de algunas víctimas en el marco de los procesos penales seguidos, así como la continuidad en la estigmatización y falta de adopción de medidas para restituir la honra y dignidad de las víctimas expuestas públicamente como responsables de actos delictivos. Al respecto, preocupa particularmente la información conforme a la cual este tipo de criminalización se habría dado sin garantizar la presunción de inocencia de estas personas y sin remediar el hecho de que actualmente permanecen con antecedentes de distintos tipos, dificultando que puedan continuar con su proyecto de vida”, señala el informe emitido en septiembre de este año.
El abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, en entrevista con Sumando Voces destacó esta parte del informe porque, según dijo, es la primera vez que esta entidad emite “una crítica abierta y contundente sobre la justicia en Bolivia”. Explica que antes no se animaba a establecer una relación entre la crisis de la justicia y la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
Albarracín considera que ese apartado del informe se refiere a las víctimas no masistas porque él y su padre, Waldo Albarracín, entregaron información denunciando “los actos y denuncias infundadas presentadas en su contra en calidad de defensor de derechos humanos” y la Comisión se está pronunciando sobre ese caso.
Albarracín considera que este informe puede ser la antesala del Informe País sobre Bolivia, en el que se va a reflejar los resultados de la visita in loco que hicieron los comisionados a Bolivia.
“Se está comenzando a percibir, a criticar y a denunciar los actos de criminalización en este informe sobre la crisis del 2019 y estoy casi seguro que lo va a decir con mucha mayor contundencia en el Informe País porque no sólo abarca el 2019, sino un espectro de tiempo más grande”, dijo Albarracín.
El especialista considera que este cambio en la CIDH se debe, primero, a la salida de Pablo Abrao de la secretaria ejecutiva, y luego a la renuncia del comisionado Joel Hernández, quien dejó el cargo para unirse al gobierno de Manuel López Obrador como subsecretario para Asuntos Multilaterales de Derechos Humanos de México. Hernández era, además, el comisionado para Bolivia.
La CIDH tenía una posición “muy tibia respecto a Bolivia e incluso parcializada a favor del gobierno sobre todo de parte de su ex director, el señor Pablo Abrao”, explicó Albarracín.
Informe de MESEG
Sin embargo, el informe de MESEG es amplio y no se enfoca únicamente en el tema del hostigamiento a las víctimas de 2019. De hecho, uno de los aspectos centrales es la reparación integral.
Albarracín considera que las declaraciones de la Comisión, en su mayoría son críticas porque reflejan preocupaciones por diversos aspectos, como la reparación integral que no solo debe entenderse como una indemnización con dinero, sino como una restauración y garantías de no repetición, para lo que se requiere una profunda investigación.
Por tanto, la ausencia de reparación, “guarda relación con las dificultades del acceso a la justicia, pero sobre todo los atrasos en las investigaciones o los rechazos de parte de la Fiscalía de investigar porque existen casos de víctimas sobre las que directamente el Ministerio Público ha decidido no investigar a posibles autores”.
En sus conclusiones, el informe de la CIDH indica que “continúa siendo de especial preocupación para la Comisión el elevado número de investigaciones que se reportan sin avances (…) A partir de esta información, uno de los principales desafíos identificados por la CIDH en torno al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia radica en las dificultades para un adecuado acceso a la justicia de las víctimas”.
Las ausencias
Sin embargo, el jurista Ramiro Orías hace notar que el informe tiene al menos dos carencias. Por un lado, no reporta avances del Estado en la generación de medidas de protección y prevención de vulneraciones a periodistas y, por otro, no hace referencia a la necesidad de reformar la justicia para garantizar su independencia.
“Se siente la falta de un mensaje claro de la CIDH en relación a la realización de las elecciones judiciales, asegurando criterios de imparcialidad, merito e integridad”, escribió Orías en una reciente columna.
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