Imagen: Sesión Corte IDH
Bolivia enfrenta un severo llamado de atención internacional y de la sociedad civil por el sistemático incumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De acuerdo con la evaluación del Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2025, elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, de las nueve sentencias condenatorias dictadas en total contra el país por la Corte IDH, únicamente dos reportan un cumplimiento total, mientras que las siete restantes permanecen con la supervisión de cumplimiento abierta e incumplidas en sus componentes estructurales.
Las dos únicas causas que han logrado el cierre total de la supervisión internacional son el Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia (2013), relativo a la expulsión arbitraria de una familia refugiada, y el Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016), referente a la vulneración del debido proceso de una exautoridad municipal. En contraste, las siete sentencias pendientes se dividen en dos escenarios históricos: cuatro corresponden a crímenes cometidos durante el ciclo de dictaduras militares (1964–1982) y tres responden a graves lesiones de derechos humanos ocurridas en democracia.
Cuentas pendientes con las víctimas de la dictadura (1964–1982)
El informe revela que las cuatro sentencias vinculadas al periodo dictatorial continúan tropezando con la falta de justicia penal y la incertidumbre sobre el destino final de las víctimas de desaparición forzada:
Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia (Sentencia del 26 de enero de 2000): Referido a la detención ilegal, tortura y desaparición del estudiante universitario José Carlos Trujillo Oroza en 1971. Tras más de dos décadas de la sentencia, continúan pendientes la localización e identificación de los restos mortales para entregarlos a su familia y la sanción efectiva a los responsables.
Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia (Sentencia del 27 de noviembre de 2008): Relativo a la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada a manos de agentes militares en 1980. Aunque el proceso interno concluyó con sentencias condenatorias en 2009, la Corte IDH constató que dos de los principales responsables (Willy Valdivia Gumucio y Alfredo Sanabria) continúan prófugos y desplazándose con impunidad, sin que el Estado acredite diligencias efectivas para su captura.
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia (Sentencia del 1 de septiembre de 2010): Centrado en la ejecución de Rainer Ibsen Cárdenas (1972) y la desaparición de su padre, José Luis Ibsen Peña (1973), durante la dictadura de Hugo Banzer. Se mantienen incumplidas las obligaciones de remover los obstáculos impunes, investigar a los autores, ubicar el paradero de Ibsen Peña y capacitar a fiscales y jueces en la investigación de la desaparición forzada.
Caso Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia (Sentencia del 17 de octubre de 2022): Dictado por la desaparición forzada del dirigente político Juan Carlos Flores Bedregal durante el golpe de Estado de 1980. El fallo responsabilizó al Estado por violar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad, la verdad y el acceso a la información pública, sin que a la fecha existan avances públicos en su ejecución.
Abusos e impunidad en el periodo democrático
Las tres sentencias dictadas por violaciones cometidas tras la recuperación de la democracia en 1982 exponen fallas estructurales en el sistema de salud, el accionar policial y la justicia penal:
Caso I.V. Vs. Bolivia (Sentencia del 30 de noviembre de 2016): La Corte IDH responsabilizó al Estado por someter a una mujer a una esterilización no consentida en un hospital público, calificando el hecho como un trato cruel, inhumano y degradante. Si bien Bolivia satisfizo los pagos económicos e indemnizaciones directas a la víctima, mantiene totalmente pendiente la transformación estructural de la formación del personal médico y de salud en materia de consentimiento informado y no discriminación de género.
Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia (Sentencia del 18 de octubre de 2022): Vinculado a violentos allanamientos policiales, incomunicación, tortura y violencia sexual perpetrados contra un grupo de personas en 2001. Aunque la Corte valoró el pago de indemnizaciones a 21 de las 26 víctimas e indemnizó las costas legales, mantiene abiertas las investigaciones penales para sancionar a los torturadores, el tratamiento médico a las víctimas, los protocolos contra la violencia sexual y el mecanismo para la revisión de sentencias internas.
Caso Angulo Losada Vs. Bolivia (Sentencia del 18 de noviembre de 2022): Fallo emblemático que condenó a Bolivia por la revictimización, discriminación y falta de debida diligencia judicial sufrida por Brisa De Angulo Losada, quien fue agredida sexualmente a los 16 años por un familiar. A más de tres años de la notificación de la sentencia, la reforma estructural ordenada al Código Penal permanece estancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
