Foto oficial del encuentro. Créditos: CNAMIB.
La Alianza de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia —representada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)— emitió una posición colectiva en la que denuncian la vulneración de sus derechos territoriales y exigen poner freno a las políticas extractivistas y normas promovidas por el Estado sin el debido consenso comunal.
A través del pronunciamiento, las lideresas indígenas denunciaron que tanto el Estado como empresas privadas continúan ejecutando proyectos extractivistas e hidrocarburíferos en sus territorios, vulnerando el principio de la consulta previa, libre e informada.
«Denunciamos la vulneración de los derechos de parte del Estado y de empresas privadas al ejecutar proyectos extractivistas sin realizar la consulta previa, libre e informada en nuestros territorios; por lo tanto, no tienen el consentimiento, que es un derecho garantizado en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Acuerdo de Escazú entre otros», señala el documento redactado en el Encuentro Nacional de la Alianza, realizado en Trinidad la semana pasada.
Defensa del territorio y reclamo de resarcimiento
Las representantes alertaron sobre el impacto devastador de estas actividades sobre el equilibrio ecológico, la soberanía alimentaria y los servicios básicos de sus comunidades. Según expone el manifiesto, estas intervenciones conllevan a la «vulneración de nuestros derechos: a un medio ambiente sano y de respeto a la Madre Tierra, acceso al agua potable, salud, seguridad alimentaria y una educación digna, violación de nuestros derechos colectivos a la propiedad de tierra y territorio, el cual es imprescriptible, inalienable, indivisible e inembargable».
Ante esta problemática, la organización no solo exige la paralización de proyectos inconsultos, sino también una reparación integral por los pasivos ambientales causados hasta la fecha. De manera textual, exigen «el derecho al resarcimiento por el daño provocado producto del extractivismo y la agroindustria», haciendo énfasis en que la opacidad institucional y «la corrupción del Estado es la que permite que estos atropellos se realicen en nuestra contra de manera constante».
Rechazo al PDESA y condicionamiento a la agenda legislativa
La Alianza cuestionó el marco de planificación del gobierno central. Tras evaluar el Plan de Desarrollo Económico Social Ambiental (PDESA), concluyeron que el plan no incorporó la visión de los pueblos originarios.
«Se identificó que el Plan de Desarrollo Económico Social Ambiental (PDESA), fomenta el modelo extractivista y de depredación de ecosistemas y, sobre todo denunciamos que ese plan no fue elaborado con la participación de los Pueblos y Naciones indígena originarias de Tierras altas y de Tierras bajas», manifiesta el documento. En esa línea, las lideresas demandaron del presidente del Senado y el presidente de Diputados «que la ley que apruebe el PDESA sea consensuada incluyendo la participación y proposición de las mujeres indígenas originarias en su elaboración y diseño».
La preocupación abarca también otros proyectos en tratamiento normativo, como la nueva Ley Minera y la Ley de Inversiones, además de exigir transparencia e información clara respecto a la aplicación de los mercados de bonos de carbono.
Unidad de tierras altas y bajas contra la fragmentación
El posicionamiento resalta asimismo el proceso de reconstrucción del movimiento de mujeres originarias frente a los intentos de división política sufridos en años precedentes. «A pesar de los atentados de fragmentación en contra de nuestras organizaciones en gestiones pasadas hoy en día nos encontramos en ese proceso de fortalecimiento y unión… las mujeres indígenas originarias hemos resistido y mantenido nuestra capacidad de articulación y lucha colectiva», sostiene el manifiesto.
Las organizaciones remarcaron que mantendrán la vigilancia y control social sobre la gestión pública y anunciaron que elaborarán un informe alternativo (informe sombra) ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas para denunciar internacionalmente la desprotección territorial y la violencia que sufren en Bolivia.
Este artículo fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de la información y la redacción. El enfoque y contenido final corresponde a nuestra redacción.
