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Las organizaciones indígenas de tierras bajas del país reafirmaron la existencia de nueve pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Bolivia y expresaron su profunda preocupación por el retroceso en la institucionalidad estatal destinada a garantizar su protección, durante el Encuentro Nacional sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), realizado en la ciudad de La Paz los días 4, 5 y 6 de marzo.
Representantes de cinco regionales indígenas —la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)— coincidieron en señalar que en el país existen pueblos indígenas que han decidido mantener el no contacto, entre ellos los pueblos Araona, Ayoreo, Chácobo, Pacahuara, Ese Ejja, Tsimane, Mosetén, Toromona y Yuqui.
Las organizaciones indígenas indicaron que esta afirmación se encuentra respaldada por estudios técnicos, investigaciones especializadas y testimonios de comunidades que habitan en territorios aledaños, los cuales confirman la presencia y tránsito de estos pueblos en situación de aislamiento voluntario. Asimismo, señalaron la necesidad de profundizar estudios para identificar la posible existencia de otros pueblos (Yuracaré y Movima), y determinar con mayor precisión sus áreas de tránsito y niveles de vulnerabilidad.
Durante el encuentro, las regionales alertaron que la ampliación de las fronteras extractivas agrícolas, mineras e hidrocarburíferas constituye una amenaza directa a los espacios de vida y rutas de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario. Esta situación, señalaron, se ve agravada por políticas estatales y decisiones que favorecen intereses empresariales, incrementando el riesgo para la sobrevivencia física y cultural de estos pueblos altamente vulnerables.
Rol de la DIGEPIO
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la denuncia del debilitamiento de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (DIGEPIO), instancia creada por la Ley Nº 450 para proteger a pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad. Según las organizaciones, esta entidad habría sido reducida de rango institucional al inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz, para retomar su carácter de dirección posteriormente, lo que hace temer falta de claridad en la responsabilidad del Estado para garantizar la protección efectiva de los pueblos en aislamiento voluntario.
Ante esta situación, las regionales indígenas recordaron que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a mantener esa condición, así como la obligación estatal de respetar y proteger sus formas de vida individuales y colectivas.
Finalmente, las organizaciones exhortaron a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a asumir como mandato prioritario la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y denunciaron iniciativas legislativas que, a su criterio, ponen en riesgo la estructura agraria, la función social de la tierra y los derechos territoriales colectivos, incrementando la vulnerabilidad de estos pueblos.
Las organizaciones firmantes reiteraron que la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es una obligación constitucional y ética del Estado, basada en los principios de no contacto, autodeterminación y territorialidad, y advirtieron que cualquier retroceso institucional pone en riesgo la vida misma de estos pueblos.
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