Protesta y conferencia de prensa de Totoral Chico sobre agresiones de mineros a mujeres en una anterior oportunidad. Foto: Qhana Pukara Kurmi.
Fueron víctimas de agresiones físicas de parte de mineros en abril de este año y la próxima semana deberán sentarse con sus agresores en una “consulta previa” convocada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Así, indígenas defensores de la tierra y el territorio de la comunidad Totoral Chico, en el municipio de Pazña en Oruro, buscan ayuda para evitar que esta consulta consolide el irregular funcionamiento de la empresa minera Salvada, que, pese a no haber realizado este procedimiento, ya opera en esa comunidad.
Totoral Chico es parte del ayllu Acre Antequera, un territorio afectado por la contaminación minera. Quienes habitan esta comunidad están atravesando conflictos con el sector minero que han llegado a agresiones físicas y amenazas. El pasado 5 de abril, decenas de comunarios fueron atacados por mineros que buscan sacarlos de su territorio. En mayo, en un nuevo episodio, los mineros avasallaron una parcela de comunarios de la tercera edad, según denuncia de los afectados al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
De acuerdo con un documento emitido por la AJAM, esta consulta previa debe realizarse el próximo 23 de octubre en la comunidad de Totoral Chico, como requisito para la gestión del Contrato Administrativo Minero por 67 cuadrículas que ha solicitado esta empresa minera. Indígenas que defienden su territorio consideran que este proceso tiene “falencias”.
“Esta consulta ya no es previa, porque ellos ya han ingresado a nuestro territorio”, denunció una comunaria al Observatorio de Unitas, que optó por mantener la reserva de su nombre ante posibles represalias.
A juicio de la fuente, la consulta tampoco es libre ni informada, porque “no hay información” y además se está convocando “a un supuesto directorio” de una organización, cuyo representante no vive en la comunidad.
“Con todas las vulneraciones, la base, nuestros hermanos, no quieren saber de la consulta, porque no es de buena fe, no es una consulta previa, queremos retomar nuestros trabajos, todo lo que aquí ha hecho la AJAM lo ha hecho mal y la base no quiere consulta”, denunció.
Luego de las agresiones, los comunarios de Totoral Chico llegaron a la ciudad de La Paz semanas atrás para denunciar los abusos a los que son sometidos por la empresa minera y sus trabajadores y declararon que las operaciones extractivas están despojándolos de sus territorios y dejándolos sin agua, dado que sus fuentes están siendo contaminadas por esta actividad.
Análisis
Para el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos, la consulta previa es un derecho fundamental reconocido a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por proyectos o decisiones que impacten su territorio, recursos naturales y modo de vida. Los Estados deben implementar mecanismos de consulta efectivos; culturalmente apropiados, respetuosos de las normas, procedimientos y lenguas indígenas, y garantizar la participación plena de las comunidades.
Además, deben garantizar transparencia y acceso a la información, pues las comunidades deben recibir información clara y comprensible sobre los proyectos o decisiones que les afectan. La consulta debe realizarse de buena fe y con tiempo suficiente: debe haber un diálogo genuino y significativo antes de que se tomen decisiones definitivas.
Las y los defensores del territorio, especialmente quienes luchan por los derechos de las comunidades indígenas y por la protección del medio ambiente, enfrentan mayor vulnerabilidad. El Estado tiene la obligación de establecer medidas de protección adecuadas: deben implementarse programas o mecanismos para proteger a los defensores del territorio que estén en riesgo debido a su labor.
Además, debe prevenir la criminalización y el hostigamiento e investigar y sancionar las amenazas y agresiones.
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