Periodistas y todo el equipo de la red digital MTV de Santa Cruz. Foto: captura de pantalla de pronunciamiento por demanda de la AJ.
A través de una carta, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) demandó al medio digital MTV de la ciudad de Santa Cruz a que entregue información “precisa” y “a detalle” sobre casas de juego clandestinas que operan en esa capital y que ésta sea entregada en un plazo de tres días, luego de que el medio difundiera un trabajo de investigación sobre éstas y la falta de control de parte de esta institución.
En la carta, con fecha del 12 de diciembre de 2023, la AJ observa que el medio haya informado que hay “muchas” casas de juego clandestinas en la ciudad de Santa Cruz y que mencione que hay un “modus operandi” que éstas llevan adelante para funcionar de manera ilegal.
La carta, firmada por el director ejecutivo de la AJ, Marco Antonio Sanchez, pide al medio a señalar “de manera precisa” la dirección de la casa de juegos clandestina en la que se infiltró el medio, además de aclarar “cuántas salas de juego” ilegales conoce en Santa Cruz e “informe a detalle el modus operandi de las casas de juego clandestinas”.
En la misiva, además, la AJ le da un plazo de “tres días hábiles siguientes a la recepción de la presente carta” para enviar esta información a la dirección regional de Santa Cruz de la AJ.
Para el periodista Juan Carlos Vaca, director de contenidos de la red digital MTV, esta carta es una “intimidación” hacia al medio y sus periodistas producto de un trabajo de investigación que realizaron sobre casas ilegales de juegos en la ciudad de Santa Cruz, que dieron a conocer luego de la denuncia de una empresa a la que la AJ había sancionado por una promoción.
“Nosotros hicimos un trabajo de que sí existen casas de juego, hicimos recorridos en la noche, pudimos evidenciar (casas de juego ilegales). Fue lo que mostramos. Eso no le agradó al director de la AJ, quien nos conminó a nosotros como periodistas y medio a que le revelemos la fuente, que le digamos dónde quedan, quién dio la información para que ellos puedan intervenir”, explicó Vaca en entrevista con el Observatorio de Defensores de Derechos.
Para la abogada Raquel Guerrero, que patrocina el caso, esta carta es una manera de “amedrentar” al medio de comunicación, más aún cuando impone un plazo. “Si quería un derecho a la réplica debería haberlo hecho con las normas de trato social que amerita la relación institucional, y no así de manera imperativa y autoritaria”, declaró la jurista.
