Al centro de la fotografía, Toshiro Balderrama, director del INRA Beni. Foto: INRA Beni.
CEJIS-ODPIB
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del Beni confirmó que el Pueblo Movima tiene la propiedad y titularidad de las 4.500 hectáreas, ocupadas ilegalmente por el ganadero Jorge Paz Marpartida, y que en el marco de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) puede recurrir a la coordinación y cooperación con la Policía Boliviana para ejecutar el desalojo del avasallador.
La posición fue expresada por el director del INRA en el Beni, el abogado Toshiro Balderrama, al referirse al conflicto que enfrenta el Pueblo Movima en la comunidad Cotoca de Moseruna por el predio ocupado de manera ilegal en alrededor de 4.500 hectáreas por la familia del ganadero Jorge Paz Marpartida.
La acción de desalojo, dirigida por la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), el pasado 31 de octubre, terminó con un comunario movima herido de bala y una investigación penal por tentativa de homicidio contra Hernando Paz Vaca, quien aparece en varios videos apuntando con un arma a los comunarios congregados para expulsar a los ocupantes ilegales.
Según el director Toshiro Balderrama, en entrevista con el ODPIB del CEJIS, no existe duda sobre los derechos territoriales de la TCO Movima, ya que estos derivan de dos procesos de saneamiento que concluyeron con la titulación de las tierras a favor del pueblo indígena.
— ¿Para el INRA, existe duda en la titularidad del Pueblo Movima?
Definitivamente no lo hay. Es producto de dos procesos de saneamiento: un proceso de saneamiento donde se ha declarado tierra fiscal; luego se ha seguido un segundo proceso para dotar en compensación a la TCO Movima. Dos procesos de saneamiento que han derivado en la titulación a favor de la TCO Movima.
— ¿Una vez que está clara la titularidad de ese predio, corresponde el desalojo de los ocupantes?
— Mientras no cambie la situación jurídica, sí, porque está consolidado el derecho de Movima II. Sin embargo, hay que dejar en claro que la ley reconoce todavía la posibilidad de demandar la nulidad del título. En palabras simples es un reclamo que hace la persona que se ve afectada y pide una revisión de cómo se llevó adelante los procesos de saneamiento porque considera que no se ha actuado de manera correcta. Entonces el Tribunal Agroambiental analizará si efectivamente se ha incurrido en un error de fondo, unos requisitos muy específicos, pero muy específicos. Pero mientras esa situación jurídica no se cambie a través de una resolución firme del Tribunal Agroambiental, entonces sí correspondería el desalojo.
— ¿El INRA conoce muchos casos en apelación de títulos?
— No, porque la demanda de nulidad de título es extraordinaria, demasiado extraordinaria, porque trata de atacar algo que se ha consolidado en todo un proceso de saneamiento, venimos de un proceso de saneamiento que lleva más de 20 o 25 años.
La entrevista brindada por la autoridad regional del INRA al CEJIS.
— En este caso en que no se pudo concretar el desalojo, ¿a qué mecanismos puede acudir el Pueblo Movima?
— Entiendo que el Pueblo Movima ha utilizado la JIOC en el marco de sus competencias, en ese sentido lo que tiene que buscar es la cooperación y coordinación, en el marco de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la cooperación y coordinación con otras instancias, como la Policía boliviana, para poder ejecutar una decisión de su JIOC que debería tener calidad de cosa juzgada.
— ¿Para el INRA, la JIOC puede volver a activarse para tomar posesión efectiva de esa superficie?
— Podría hacerlo, buscando la coordinación y cooperación, porque no nos olvidemos que nuestra constitución reconoce la JIOC en igual jerarquía que la justicia ordinaria o la justicia agroambiental.
— ¿Por qué el INRA no ha hecho este procedimiento de desalojar?, ¿por qué no ha entregado esta superficie sin ocupantes?
— Tengo entendido que cuando estábamos en el proceso de saneamiento, después de que incluso salió la resolucion final, hubo una denuncia de avasallamiento, en el transcurso de que se estaba llevando este proceso de avasallamiento, salió el título y el INRA perdió la competencia administrativa. Ahí entraba la competencia jurisdiccional o la JIOC. Fue un tema tecnico jurídico lo que impidió llevar adelante el proceso y que se culmine con lo que la ley mandaba en ese momento.
— ¿Lo que es el desalojo?
— Exactamente.
— ¿El INRA puede hacer algo en este caso, por ejemplo, certificar que el título del Pueblo Movima no tiene cuestionamiento?
— Claro que sí, somos la institución que resguarda documentación que es producto del proceso de saneamiento. Si se nos solicita certificación sobre si el titulo está vigente, lo podemos hacer. Si se nos solicita información sobre la carpeta de saneamiento, también lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es salir de nuestra competencia en el marco de lo que se ha tratado, que es una denuncia por avasallamiento, porque excede de nuestra competencia administrativa.
También te puede interesar:
