Julio Lero tras salir de la cárcel de San Pedro. Foto: ANF
El joven indígena tsimane Julio Lero Sánchez salió este miércoles 11 de noviembre del penal de San Pedro de La Paz, después de permanecer 21 meses privado de libertad, acusado del asesinato de Francisco Marupa. El Juzgado Primero de Achacachi dictó su absolución por falta de pruebas, luego de que el Ministerio Público no lograra sustentar la acusación en su contra.
“Mejor ya, bien que he salido. A mi papá voy a (ir a) visitar”, dijo el joven Lero en entrevista con ATB.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte -quien lo acompañó en ese momento-, expresó que nadie puede estar privado de libertad sin justificación alguna: “Se ha vulnerado sus derechos humanos y también su derecho a tener un traductor, y es más, hay algunas responsabilidades que incluso se equivocaron su nombre. Ahora podemos decir que se hizo justicia”.
El proceso
Lero fue encarcelado el 18 de febrero de 2025, acusado de asesinar a Marupa, comunario de Torewa Indígena. En septiembre de ese mismo año, la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó una condena de 30 años de prisión. Sin embargo, durante el proceso, la defensa cuestionó las contradicciones e imprecisiones en el relato de los hechos, además de la falta de elementos probatorios que vincularan al joven con el crimen.
El proceso también estuvo marcado por observaciones a las actuaciones de la Fiscalía y por la falta de un intérprete que garantizara que Lero comprendiera las acusaciones y los argumentos presentados durante el juicio. El joven tiene como lengua materna el tsimane y no comprende adecuadamente el español.
Seguimiento de organizaciones de derechos humanos
Tania Nava, coordinadora del Programa de Defensa de Derechos de UNITAS, manifestó su satisfacción por la absolución y señaló que, durante casi dos años de proceso, las pruebas presentadas fueron insuficientes y contenían varias observaciones.
«Creemos que después de casi dos años de un proceso donde no habían mayores pruebas o, por lo menos, habían bastantes observaciones a las existentes, que eran incompletas», sostuvo.
Nava también cuestionó la vulneración de los derechos lingüísticos de Lero. Explicó que inicialmente se presumió que el joven hablaba español porque respondía afirmativamente cuando se le preguntaba si conocía ese idioma. Sin embargo, indicó que en la cultura tsimane existe la costumbre de responder «sí» como primera afirmación, lo que habría llevado a una interpretación equivocada sobre su comprensión del castellano. «Sabemos perfectamente que ahí hay una vulneración muy grande a sus derechos», afirmó.
La coordinadora explicó que UNITAS, junto con otras organizaciones, realizó seguimiento al caso desde sus primeras etapas. Entre las instituciones que acompañaron el proceso mencionó a la REPAM, la Pastoral Carcelaria y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Asimismo, destacó que durante la fase de juicio oral se gestionó una última inspección ocular y técnico-ocular en el lugar de los hechos, una zona de difícil acceso a la que se llega por vía terrestre y fluvial. Las organizaciones contribuyeron para facilitar el traslado de los fiscales y el desarrollo de esta diligencia.
Para Nava, la absolución representa una decisión importante frente a un proceso en el que no se logró demostrar la participación de Lero en el asesinato de Marupa. Tras salir de la cárcel, el joven podrá reencontrarse con su familia y su comunidad Torewa Campesina.
