Por Omar H. Santa Cruz Soriano
La idea de una nueva reforma electoral suma impulso en Bolivia. Desde el Órgano Electoral Plurinacional, algunas instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional e instituciones de la sociedad civil, como Fundación Jubileo, se concibe la necesidad de efectuar cambios al régimen electoral vigente con el fin de mejorar la eficacia e integridad de los procesos electorales, es decir, afirmar la democracia electoral, adecuar las reglas electorales a las circunstancias que exige la vida política actual, o bien, en un sentido más amplio, perfeccionar el sistema democrático.
Las reformas electorales o político electorales son momentos de excepcional importancia por su impacto en la vida democrática y el funcionamiento del sistema político de un país, y suelen producirse comúnmente en escenarios de transición a la democracia o cuando el mismo régimen sobrelleva crisis de gobernabilidad, aunque, como lo indica el profesor Dieter Nohlen, es mejor señalar que las reformas electorales tienen su origen y determinación en los contextos nacionales específicos en los cuales se producen.
Desde la recuperación de la democracia en 1982, Bolivia ha sufrido reformas político- electorales por la vía constitucional en distintos momentos históricos. En un primer periodo, posterior a la transición democrática, la reforma a la constitución política en 1994 afirma el régimen de la forma democrática representativa, aunque antes, a través de un gran acuerdo político partidario en 1991, se logra institucionalizar el organismo electoral y se incluyen principios electorales fundamentales como el de preclusión. Más tarde, en la etapa denominada de inflexión y cambio estatal, la reforma constitucional de 2004 incorpora la Asamblea Constituyente, produce la desmonopolización política partidaria y suma institutos de la democracia directa y participativa. Y después, en el periodo de refundación del Estado, y como resultado de un proceso constituyente, la nueva constitución política de 2009 instituye un nuevo modelo de Estado con un sistema de gobierno plural basados en tres formas democráticas, jerarquiza la función electoral y establece el Órgano Electoral, además de definir el sistema electoral aplicable a la conformación política de los órganos funcionales y territoriales estatales.
En cada una de estas etapas, los cambios constitucionales sobre la estructura de gobierno, las instituciones políticas y las reglas de ejercicio del poder, activan la modificación y/o renovación de reglas del sistema electoral en formato de normativa legal. Así, la constitución de 1994 produce varias reformas a la entonces Ley Electoral y configura el diseño del Código Electoral de 1999; la de 2004, trae ajustes centrales al Código Electoral y estimula nueva legislación, como la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, y la Ley del Referendo; y finalmente, la constitución de 2009 genera un nuevo régimen electoral basado en las leyes del Órgano Electoral, del Régimen Electoral y de las Organizaciones Políticas.
En perspectiva institucionalista, las reformas electorales pueden entenderse como cambios de las reglas formales, es decir, de las normas y procedimientos establecidos para dotar de legitimidad al sistema político, condicionar y facilitar el comportamiento de los actores políticos y específicamente dar certidumbre a los caminos de acceso y distribución del poder. En ese sentido, es común que la reforma electoral se asocie directamente con la reforma del sistema electoral, vale decir, la normativa para la designación de los titulares del poder. De ahí que, pasen a ser asuntos centrales de la reforma electoral elementos clásicos del sistema electoral, como el principio de representación, la fórmula empleada para asignar escaños, la magnitud de los distritos, el umbral electoral y el tamaño de las cámaras legislativas.
Sin embargo, el estudio coordinado por Flavia Freidenberg (2022) sobre la experiencia comparada de reformas político-electorales en 17 países de América Latina, advierte que en la práctica regional estas reformas tienen mayor amplitud ya que conciben al sistema electoral más allá de sus dimensiones tradicionales, sumando otras concernientes a los sistemas de partidos políticos y de gobierno, y a la interacción del propio sistema político con la sociedad, como ser: los mecanismos para la selección de las candidaturas y sus requisitos, la gobernanza electoral, el financiamiento de la política, la introducción de medidas de equidad o acción afirmativa para mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, la forma de presentación de los candidatos, el voto en el extranjero, la reelección legislativa y presidencial hasta incluso el papel de los medios de comunicación, digitales, sobre todo, que hoy se traduce en la lucha contra la desinformación electoral.
Esta última idea está presente de manera general, por ejemplo, en una reciente publicación de Sandra Verduguez en Sumando Voces (30.10.2026) cuando señala que la reforma a las leyes electorales no debe limitarse a corregir procedimientos, ajustar normas o resolver las dificultades identificadas en los últimos procesos electorales, sino que hay que aprovechar el proceso de reforma electoral para repensar el sistema democrático y preguntarnos qué democracia queremos construir para las próximas décadas.
Desde este enfoque, que complementa la noción clásica del sistema electoral, la reforma actual en Bolivia también podría considerar el tratamiento de propuestas de educación para el desarrollo de la cultura político-democrática y la edificación de un núcleo común de representaciones, principios, valores y prácticas democráticas, como referentes de las decisiones y gestión de las organizaciones estatales y guías de los intercambios en el espacio público de la sociedad.
Sin desdeñar el alegato de la oportunidad temporal y los fines siempre loables de mejorar el sistema electoral, cualificar la representación y participación ciudadana, ampliar los derechos políticos o en términos más ambiguos de fortalecer la democracia, es crucial examinar las reformas electorales específicas que se van a priorizar y analizar cuáles son los resultados de su aplicación. Sucede que el cambio de las reglas político-electorales, cuando no se relacionan con factores sistémicos, puede ser objeto de captura y responder con mayor proximidad a las preferencias de actores políticos. Así, intereses partidistas en función de resultados políticos y electorales, el refuerzo de cuotas de poder político por parte de quienes controlan el gobierno o partidos políticos dominantes que buscan mantener su representación política o aumentarla en elecciones futuras, pueden ser causas reales de la reforma y constituir riesgos de manipulación que amenazan su virtuosidad.
Al respecto, el mencionado estudio coordinado por Freidenberg, después de analizar más de once variables explicativas que motivan los cambios a la normativa electoral, da cuenta de la primacía del campo de las razones político-competitivas y encuentra que la única variable que parece explicar la actividad reformista en la región es el nivel de volatilidad electoral agregada a nivel del Poder Ejecutivo; dicho en palabras del mismo estudio “esto quiere decir que el cambio en el porcentaje de votos entre partidos políticos de una elección a otra a nivel presidencial explicaría la probabilidad de reforma electoral en cualquier dimensión en un país en un momento dado”.
En virtud de todo lo expuesto, el grado de legitimidad, apoyo popular y de adecuación al contexto político nacional que alcance la actual reforma electoral en Bolivia, dependerá de los niveles de participación, en sus diferentes etapas, de autoridades institucionales, representantes políticos y de la sociedad civil, en clave plural. Que todos estos actores cuenten con información clara, precisa y permanente sobre los sujetos promotores, cómo y quienes participan del proceso, cuáles son los temas que se discuten y quién los agenda, y cuál será y quiénes intervendrán en el procedimiento de aprobación de las propuestas de reforma electoral, resulta imprescindible para sumar transparencia, despejar incertidumbres y evitar a la postre extrañezas sobre el propósito principal que encauzó los cambios a la normativa electoral así como frustraciones colectivas por los efectos y resultados reales emergentes de su aplicación.
Omar H. Santa Cruz Soriano es sociólogo
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