Comercializadoras de oro declaran un tercio del mineral que compran, según analista Córdova

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Las comercializadoras privadas de oro declararían oficialmente apenas un tercio del mineral que compran a las cooperativas mineras, mientras que el resto sería pagado al margen de los registros legales, lo que ocasionaría una menor recaudación de regalías e impuestos, según advirtió Héctor Córdova, ingeniero metalúrgico, analista y exautoridad del sector minero.

Durante el conversatorio “¿Es posible una minería responsable en Bolivia? Retos para un desarrollo sostenible”, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia), en La Paz, Córdova expuso los mecanismos de subdeclaración y la expansión de las comercializadoras privadas en el país.

El analista señaló que en 2009 Bolivia tenía cuatro comercializadoras registradas, pero hasta el 31 de diciembre de 2024 la cifra aumentó a 391. De estas, 102 fueron creadas durante esa última gestión y 252 operan en el departamento de La Paz.

Para explicar cómo funcionaría la subdeclaración, Córdova relató el testimonio de un dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol R.L.), quien recibió una propuesta para registrar únicamente tres de los nueve kilogramos de oro entregados a una comercializadora. Los seis restantes serían pagados en efectivo, sin aplicar los descuentos correspondientes a regalías y aportes.

También señaló que representantes de estas empresas acuden directamente a campamentos y comunidades mineras para comprar el mineral en efectivo, una práctica que, a su juicio, dificulta conocer su procedencia y garantizar su trazabilidad.

Otro problema identificado por Córdova es la salida de divisas. Afirmó que las comercializadoras depositan en bancos del exterior los dólares obtenidos por las exportaciones y utilizan bolivianos para sus operaciones internas.

En ese contexto, destacó el Decreto Supremo 5747, que obliga a las comercializadoras exportadoras a depositar al menos el 80% de sus divisas en el sistema financiero nacional. Según estimó, su aplicación permitiría incorporar alrededor de 4.000 millones de dólares a la liquidez bancaria.

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