Momento en que un hombre encapuchado dispara contra indígenas del pueblo Movima. Foto captura de pantalla del video del CEJIS
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) exigió al Estado boliviano garantías de protección y el cese de los actos de violencia, amenazas e intimidación contra el equipo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), así como contra autoridades y comunarios del pueblo indígena Movima, en el departamento del Beni.
Mediante un pronunciamiento difundido el 5 de noviembre de este año, la organización, que agrupa a 24 instituciones de la sociedad civil, condenó los hechos registrados en el contexto de un conflicto por la restitución de tierras al territorio Movima. Además, demandó una investigación pronta e imparcial para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones.
De acuerdo con el documento, el conflicto se originó en torno al predio California. Tras un proceso de saneamiento iniciado en 2011, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) determinó que los ocupantes del terreno carecían de derecho propietario, declaró el área como tierra fiscal y, mediante la Resolución Administrativa 038/2023, dispuso su dotación a favor de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Movima.
Sin embargo, ante la demora institucional para ejecutar el desalojo ordenado en 2025, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM) intentó recuperar el territorio, en el marco de sus normas y procedimientos propios y al amparo de la jurisdicción indígena originaria campesina.
UNITAS señala que, durante esas gestiones, los comunarios fueron víctimas de una emboscada con disparos de armas de fuego que dejaron a una persona herida. Posteriormente, tanto los dirigentes indígenas presentes en el lugar como el equipo técnico del CEJIS fueron objeto de seguimientos, vigilancia, toma de fotografías y amedrentamiento directo.
La organización también expresó su preocupación por la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria al agresor confeso, al considerar que esta medida no toma en cuenta el riesgo que enfrentan las personas afectadas.
Ante estos hechos, UNITAS demandó medidas de protección inmediatas e integrales, con enfoque intercultural, para las dirigencias de la SPIM y la Subcentral de Mujeres Indígenas del Pueblo Movima (SMIM), además del personal técnico y legal del CEJIS.
Asimismo, pidió al Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el INRA garantizar la seguridad física y psicológica de las personas afectadas e impulsar una investigación transparente sobre el uso de armas de fuego. También exigió establecer posibles responsabilidades materiales e intelectuales, incluidos eventuales vínculos con redes de sicariato y actores relacionados con la deforestación ilegal en territorios titulados.
En su pronunciamiento, UNITAS recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, de acuerdo con el Acuerdo de Escazú y otras disposiciones nacionales e internacionales.
Finalmente, advirtió que la protección de quienes defienden los derechos colectivos, los territorios indígenas y el medioambiente es fundamental para garantizar la democracia y el desarrollo sostenible en Bolivia.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
Aquí puede ver el video del incidente:
