Bolivia está mirando otra vez la posibilidad de nuevas elecciones. Y no solamente la ciudadanía. También lo hacen los actores políticos y, seguramente, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que tendría que prepararse para organizar otro proceso si las circunstancias políticas así lo determinan.
Las elecciones son una salida democrática y legítima. Y que los bolivianos sigamos prefiriendo el voto antes que la violencia en las calles o las rupturas constitucionales está bien, porque quiere decir que, en medio de tantas crisis, seguimos creyendo en la democracia.
Pero, ¿elecciones otra vez para qué? Las elecciones permiten cambiar autoridades de manera democrática. Pero no resuelven las crisis estructurales de un país, no reconstruyen automáticamente la justicia, no recuperan la confianza en las instituciones, no resuelven la crisis económica, no fortalecen a los partidos políticos ni garantizan que quienes sean elegidos gobiernen con eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Entonces, ¿qué ganamos con nuevas elecciones y nuevas autoridades si, en realidad, los problemas no se han resuelto? ¿Qué ocurre si estamos viendo que el nivel de corrupción es mucho mayor del que imaginábamos, si el tejido social continúa deteriorado, si no existe capacidad para dialogar, si las instituciones continúan debilitadas y si los intereses políticos pesan más que la necesidad de construir acuerdos?
¿Vamos a seguir votando sin tomar en cuenta todo esto? El problema no es votar. El problema es creer que votar nuevamente va a cambiar las cosas.
Antes de una nueva elección necesitamos acuerdos políticos mínimos, garantías institucionales, reglas electorales confiables, transparencia y condiciones económicas y sociales que permitan desarrollar un proceso electoral sin que este se convierta nuevamente en un escenario de confrontación. Y necesitamos, sobre todo, actores políticos capaces de entender que gobernar y representar también significa escuchar, ceder y construir acuerdos. En otras palabras, necesitamos una reforma electoral seria y responsable, y una Asamblea que quiera y sepa hacer política.
Entonces, ¿quién tiene hoy la responsabilidad de construir esas condiciones?
Una parte importante de esa responsabilidad está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque los ciudadanos no eligieron a los asambleístas solamente para ocupar un escaño, aprobar leyes o fiscalizar al Ejecutivo. Los eligieron también para representar sus intereses y para que, desde el Órgano Legislativo, contribuyan a construir las condiciones políticas que permitan al país superar sus crisis.
Y aunque la actual composición de la ALP hace más difícil esa tarea, porque está fragmentada y sin una mayoría absoluta, eso no quiere decir que sea imposible. Al contrario, los obliga a aprender a hacer política con lo que tenemos: negociar, construir consensos y encontrar acuerdos. Esta puede ser, entonces, una oportunidad para que la ALP demuestre su capacidad de lograr acuerdos políticos y de convocar a un diálogo para intentar reconstruir el país, y no para negociar cargos, distribuir cuotas de poder o anticipar candidaturas. El deber de los líderes políticos es justamente acordar las condiciones mínimas que Bolivia necesita para atravesar la crisis y recuperar su institucionalidad.
La otra parte importante de la responsabilidad está en el Órgano Electoral Plurinacional, que tiene en sus manos la posibilidad de trabajar con seriedad en una propuesta de reforma electoral para entregar a la ALP. Y trabajar con seriedad significa hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema electoral y de la institucionalidad del organismo electoral para enfrentar un proceso de reforma que no salga solamente del OEP, sino que sea debatido y consensuado con organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, poblaciones indígenas, mujeres, jóvenes y periodistas, entre otros.
Esta tarea debe ser gradual y mostrar un proceso de construcción participativa de consensos, que se desarrolle en un tiempo prudencial para demostrar que es legítimo y que tiene la capacidad de mejorar no solo la normativa electoral, sino también la capacidad de gestión y la institucionalidad del organismo electoral.
Apuro no hay —aún hay leyes más urgentes para salir de la crisis—, pero sí existe la necesidad de hacerlo bien.
Para enfrentar una reforma electoral seria es importante tener un punto de partida: saber qué necesitan los electores y qué problemas enfrentan las autoridades electorales el día de la elección; conocer qué piensan las organizaciones políticas y las agrupaciones ciudadanas; saber qué sienten las mujeres respecto de su participación política y qué cambios consideran necesarios; qué ven los jóvenes y qué propuestas tienen para dejar de ser utilizados solamente como electores o instrumentos de movilización; qué piensa la ciudadanía del padrón; qué dificultades existen realmente para acceder a información que permita un voto responsable; y qué se debe mejorar para que los resultados electorales sean comprendidos y aceptados sin sospechas de manipulación. Todas esas preguntas deben formar parte de una reforma electoral gradual, participativa y basada en evidencia.
Pero, además, ¿cuál es el sentido de destinar otra vez recursos a la organización y administración de nuevas elecciones cuando las arcas del Estado están vacías? ¿De dónde saldría el financiamiento para nuevos comicios? Y, más allá del costo económico, ¿estamos dispuestos a volver a gastar tiempo, recursos y energía en una nueva elección sin haber aprendido nada de los problemas que tuvo la anterior? ¿Es deber de los ciudadanos votar cada vez que la clase política no es capaz de solucionar las crisis?
Hay muchas cosas sin resolver: debilidades institucionales, problemas económicos, corrupción, deficiencias en la gestión pública y demasiados cálculos políticos que dificultan encontrar los caminos que el país necesita. Pero también sabemos que hacer política no es solamente ganar elecciones, ocupar cargos o defender intereses partidarios. Hacer política es escuchar, negociar, ceder, construir acuerdos y asumir responsabilidades para alcanzar un resultado que beneficie al conjunto.
Antes de pedirle nuevamente al ciudadano que vote, la ALP y el OEP deberían demostrar que son capaces de hacer aquello para lo que fueron elegidos: representar, escuchar, ponerse de acuerdo y asumir la responsabilidad de construir un país que recurra a las elecciones cuando deba hacerlo, y no para resolver aquello que la política no ha sido capaz de hacer.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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