A principios de año tenía una cordial charla con el viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila Antelo. Mientras hablábamos como tema principal del polémico Decreto Supremo 5503, me daba a conocer uno de sus peores temores: que Bolivia terminara convertida en otra Haití. Como economista, no profundicé ni refuté su comparación, debido a que quizás la charla se hubiera extendido innecesariamente, ya que, para la teoría económica, la importancia de las variables en una economía puede variar según el criterio de quien las analiza. Terminando la conversación deseaba concluir con una advertencia, pero decidí ser más prudente. La advertencia era la siguiente: tienen como gobierno la oportunidad histórica de sacar de la crisis al país pensando en políticas que beneficien directamente a toda la población, o tomar el camino incorrecto de favorecer solo a sectores de poder económico u potencia extranjera, con el resultado de que al final la población decida erróneamente girar a mirar al Movimiento al Socialismo (MAS) como única opción.
Rememorando lo sucedido en países como Argentina, el mal desempeño y corrupción de los denominados peronistas de izquierda fue la causante del surgimiento de la ultraderecha. Actualmente, la popularidad de Javier Milei va en caída por la ausencia de empatía con la población y recientes actos de corrupción de sus colaboradores; todo apunta nuevamente a que la izquierda pueda retornar en unos años al poder en Argentina. Existe una diferencia grande entre Milei y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz: uno es un hombre que desacredita e insulta a sus detractores y vive en una burbuja de narcisismo; en cambio, al mandatario boliviano se lo ve más prudente y centrado.
El problema de la política es el desgaste. Para evitarlo, algunos emplean como estrategia discursos cercanos al coaching motivacional, pero estos son insuficientes cuando un gobierno toma decisiones notoriamente favorecedoras a un sector o no realiza las consultas para llegar a un consenso con la población. Tener reuniones frecuentemente y mantener las puertas abiertas de las instituciones de gobierno con sectores con poder (cooperativistas mineros, agroempresarios) e ignorar a otros como ejemplo los indígenas del oriente boliviano, solo genera críticas negativas en la opinión pública.
Los errores del Gobierno de Rodrigo Paz no partieron de la toma de decisiones planificada. Si bien el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos era necesario, incorporar en el mismo decreto artículos vinculados con la inversión extranjera, minería e hidrocarburos fue un error garrafal que un gobierno en sus primeros meses no debería cometer. La promulgación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras sin el consenso o consulta a los sectores beneficiados o afectados, para que la norma no genere vacíos legales, también fue un error.
La situación del país es delicada; económicamente aún nos encontramos en la cuerda floja. Cualquier mala decisión o política, con el tiempo, solo servirá como excusa para convulsionar al país, tal como vemos en la actualidad. Los sectores que fueron bastión del MAS aún buscan tener influencia en el poder político para continuar beneficiciandose. Pero el Gobierno no hace una lectura adecuada de la situación. En el Gran Encuentro Nacional realizado el pasado 9 de mayo en Cochabamba, como parte de su discurso, el presidente de Bolivia en plena jornada de conflictos con bloqueo de carreteras planteó algo que para cualquier estratega político sería un suicidio: el tener ya listo un paquete de leyes en minería, electricidad, hidrocarburos y economía verde, asimismo las intenciones de reformar parcialmente la Constitución Política del Estado.
Inmediatamente, los sectores en conflicto reclamaron por qué no se les tomó en cuenta en la elaboración de las normativas. El sector que hizo notar su disconformidad son los cooperativistas mineros, exigiendo su participación en la elaboración de la nueva Ley de Minería e Hidrocarburos (aunque no corresponde a este sector), siendo estas y su pliego petitorio razones para su movilización contra el Gobierno. No cabe duda de que Bolivia necesita un nuevo marco legal económico que impulse a salir de la crisis, pero antes debíamos pacificar el país.
Los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente y los legisladores tampoco actuaron de manera acertada para pacificar el país, dando declaraciones a favor de la Ley 1720 y desvirtuando el pedido de derogación de la marcha de indígenas de Beni y Pando. Con la reciente declaración irresponsable y efusiva del senador Leonardo Roca sobre el financiamiento de organizaciones no gubernamentales a los marchistas, estas declaraciones resultan imprudentes en un momento donde el país necesita salir de la conflictividad.
Algunos políticos no entienden que la población aceptó y acomodó sus vidas al levantamiento de la subvención porque vio que a las arcas del país no le quedaba otra, pero abusan de la población cuando brindan declaraciones efusivas a favor de normativas inconstitucionales que generarían lagunas legales que favorecerían a pocos en desmedro de muchos. Según el filósofo Hans Jonas (1903–1993), en su libro El principio de responsabilidad (1979), propone que ante la incertidumbre debemos dar más peso al pronóstico del mal que al pronóstico del bien. Esto debe ser tomado por los gobernantes como una metodología de análisis: el gobernante debe preguntarse qué es lo peor que puede surgir luego de promulgar esta normativa o aplicar esta política. Si existen interpretaciones que deriven en desestabilización, la norma debe corregirse o la política replantearse.
En Bolivia, las decisiones del gobierno deben tomarse con cautela. Cualquier error o mal cálculo político es y será tomado por el MAS y movimientos sociales afines para sacar réditos políticos a costa de la estabilidad económica de Bolivia. El MAS, en sus 20 años de gobierno, fortaleció grupos económicos que difícilmente dejarán sus intereses por el interés de todos los bolivianos. Las fuerzas políticas del órgano legislativo deben actuar con prudencia, dejando de lado sus intereses sectoriales personales y evitar aprobar normativas ambiguas, sin debate, sin consenso y sin consulta a la sociedad civil. Es responsabilidad no solo de los bolivianos, sino de los gobernantes, evitar que la crisis económica se profundice; cada paso, cada decisión debe ser analizada, cada declaración repensada y cada autoridad designada sin antecedentes cuestionables. Porque cada error nos dirigirá al retorno del MAS al poder.
Rubén Ticona Quisbert es economista y defensor ambiental.
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