Conflictos en Bolivia: Foto Unitel
Durante el primer trimestre de la gestión 2026, Bolivia atravesó un periodo de intensa conflictividad social marcada por demandas económicas y de gestión pública. Según el reporte oficial de la Defensoría del Pueblo, se registraron un total de 157 fueron conflictos activos y 19 correspondieron a anuncios de movilización. La Paz se consolidó como el epicentro de la protesta a nivel nacional al registrar 47 casos, seguida por Santa Cruz con 28 y Cochabamba con 19.
Este incremento de las tensiones estuvo estrechamente vinculado a las medidas económicas adoptadas por el nivel central del Estado, especialmente tras la promulgación del Decreto Supremo N° 5503 de Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, destinado a la estabilidad macroeconómica.
El principal factor de desestabilización fue el rechazo al mencionado decreto, el cual fue percibido por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), gremiales y transportistas como una «imposición» carente de socialización previa. Este conflicto escaló rápidamente, derivando en bloqueos de carreteras y enfrentamientos en la sede de gobierno, donde la policía empleó agentes químicos para dispersar a los manifestantes.
Tras semanas de alta tensión, el conflicto alcanzó su fase de desescalada el 11 de enero, cuando el Gobierno y los sectores sociales firmaron un acuerdo para la abrogación del D.S. 5503, dando paso a la elaboración de una nueva normativa consensuada.
Además de la crisis macroeconómica, el reporte identifica que la calidad del combustible fue el motivo de 29 conflictos, afectando principalmente al sector transporte. Por otro lado, la gestión pública también enfrentó crisis severas, destacando el caso del Hospital de la Mujer en La Paz.
Este centro hospitalario sufrió una reducción presupuestaria drástica, pasando de 16 millones a solo 6 millones de bolivianos, lo que provocó paros médicos ante la falta de insumos y equipos obsoletos. La intervención de la Defensoría del Pueblo fue clave para articular una reunión interinstitucional que resultó en el desembolso de 6.3 millones de bolivianos, garantizando la continuidad de la atención médica.
El bloqueo se mantuvo como la herramienta de presión más utilizada por los manifestantes, con 60 registros, seguida por paros (23) y marchas (21). Para gestionar esta situación, la Defensoría del Pueblo empleó el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT), interviniendo en el 75% de los conflictos registrados para prevenir vulneraciones a los derechos humanos.
En sus conclusiones, el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, advirtió que la adopción de medidas estructurales sin mecanismos de democracia deliberativa debilita la legitimidad estatal y es un factor determinante en el escalamiento de la violencia. La institución instó a las autoridades a fortalecer el diálogo previo y la articulación interinstitucional para evitar que las crisis económicas afecten derechos fundamentales como la salud y el trabajo.
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