A un mes desde que suspendieron a la Asamblea Legislativa la facultad de interpelar a ocho ministros, expertos alertan que esa medida, que no tiene precedentes en el presente siglo, podría poner en riesgo el sistema de pesos y contrapesos que garantiza a un sistema democrático. Todo a consecuencia de una aparente imposición de la “hiperpresidencialización”, o del Órgano Ejecutivo sobre el resto de los demás poderes del Estado.
El 25 de agosto se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz decidió admitir el recurso constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para que se suspendan, como medida cautelar, las interpelaciones programadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie. A la medida se sumaron, como terceros interesados, otros siete ministros.
Esa decisión desató una controversia jurídica y fue calificada como un “golpe certero” a la Asamblea Legislativa de parte del órgano Ejecutivo en contubernio con el órgano Judicial.
Luis Vásquez Villamor, expresidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que la acción de la Sala Constitucional destruye el sistema democrático que se fundamenta en el sistema de frenos y balanzas o sistema de pesos y contrapesos.
“No va a haber democracia que no se base en la preservación de la ley de frenos y balanzas. Esta decisión destruye la ley de frenos y balanzas, se constituye un atentado en contra de la democracia y hace que los jueces se quieran convertir en pequeños dictadores dentro del sistema democrático. Esto hay que combatirlo con la misma fuerza, con la misma fiereza que se combate a quienes quieren asumir una dictadura en el país”, indicó el exlegislador.
Para la exdiputada Marcela Revollo, la decisión de los vocales responde al proceso de “hiperpresidencialismo” que vive el país y que evita que la sociedad civil fiscalice, controle, las decisiones del Ejecutivo.
“La hiperpresidencialización significa la sobreposición del Ejecutivo sobre los otros poderes, la subordinación, por tanto, de la Asamblea como la expresión de la representación ciudadana y, obviamente, las decisiones que toma. Eso es grave, porque una política pública no solamente tiene que ser medida por la decisión, por los recursos que se invierten, sino por los resultados que tienen a corto, mediano y largo plazo, y eso es algo que el Parlamento tiene que medir, tiene que verificar dónde van los millones de dólares que se invierten, dónde están los errores de la inversión pública y las decisiones políticas”, explicó la exdiputada.
Revollo adelantó que, si el presidente Luis Arce piensa que con manipular la justicia logra un favor para su gestión, ese desconocimiento de los equilibrios de los órganos del Estado le terminará pasando factura porque provocará una crisis política por la decadencia de las instituciones que sostienen un sistema democrático.
El abogado constitucionalista Eusebio Vera argumentó que esa actitud autoritaria responde a la hegemonía de poder que busca el único partido político predominante de este siglo.
“Hay una cierta hegemonía de un partido político que quiere minimizar o controlar a la oposición para que no exista oposición o gente que piensa diferente al poder constituido, el Órgano Ejecutivo, y eso hace que no exista oposición al día de hoy en Bolivia. Entonces, existe una hegemonía de poder y eso se evidencia con el control de instituciones, con tratar de controlar inclusive el pensamiento de los ciudadanos bolivianos, que no sea contestatario, que no sea reflexivo”, indicó Vera.
Mal precedente y riesgo de jurisprudencia
El exlegislador aseguró que nunca vio que los supuestos guardianes de la Constitución, en referencia a los vocales de la Sala Constitucional primera de La Paz, sean los que se conviertan en “perpetradores de la violación a la propia Constitución”. Alertó que esa acción está destruyendo la esencia de un Estado democrático.
“No deja de sorprenderme el hecho de que quienes son los guardianes de la Constitución se conviertan en los perpetradores de la violación de la propia Constitución Política del Estado. Es como ver a un policía ejecutando un crimen en vía pública; o es como ver un bombero incendiando un bosque, es al revés. Ellos han sido creados, el Tribunal ha sido creado, para preservar la Constitución, no para vulnerarla”, argumentó Vásquez.
El abogado constitucionalista advirtió que la tutela en favor de los ocho ministros tendrá una repercusión a posterior y sentará un “nefasto” precedente.
“Lo que puede hacer es marcar un hito negativo y negro dentro de lo que significa la interpelación a futuros ministros; coartar o limitar lo que establece la Constitución, que no debería ocurrir, bajo ninguna circunstancia, el hecho de interpelar a los ministros”, resaltó Vera.
