Tariquía. Foto: RRSS
La audiencia por el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X3 en la reserva de Tariquía derivó en nuevas denuncias sobre la situación legal del predio donde se pretende emplazar el pozo, que —según autoridades, comunarios y sus abogados— tiene hasta cuatro propietarios en litigio y no cuenta con saneamiento, de acuerdo con informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El abogado de comunarios defensores de Tariquía, Roger Ibarra, afirmó en Sumando Voces en Directo que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras ingresaron al área con el consentimiento de personas que no tienen derecho propietario consolidado, lo que —sostiene— invalida los argumentos legales utilizados para justificar las operaciones.
“Ha dado autorización una persona que no es propietaria (…). Existe un informe del INRA que refiere que esos predios no tienen saneamiento, es decir, no tienen un derecho propietario”, señaló Ibarra tras la audiencia realizada este martes en Entre Ríos para definir el futuro del proyecto.
El proyecto Domo Oso X3 forma parte de la política estatal de reactivación hidrocarburífera impulsada en los últimos años ante la caída de las reservas de gas en Bolivia. Su desarrollo se remonta a decisiones adoptadas desde 2018, cuando el Gobierno del entonces presidente Evo Morales autorizó la exploración en zonas cercanas a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un área protegida de alta biodiversidad en Tarija.
Desde entonces, el proyecto estuvo marcado por la resistencia de comunidades locales y colectivos ambientales, que cuestionan su legalidad, los posibles impactos ecológicos y la falta de una consulta previa adecuada. En los últimos años, el conflicto se intensificó con la reactivación del proyecto por parte de YPFB y Petrobras, la judicialización del caso y la apertura de procesos penales contra comunarios que se oponen a las operaciones.
Predios en disputa y versiones contrapuestas
El conflicto sobre la titularidad de la tierra fue también expuesto por el concejal Rodrigo Altamirano en el programa Sumando Voces en Directo. El legislador de Entre Ríos aseguró que existen superposiciones entre al menos cuatro propietarios desde hace más de dos décadas.
Según la autoridad, el predio en cuestión está en litigio desde el año 2000 y no ha sido regularizado hasta la fecha, lo que impide otorgar derechos para actividades como la exploración hidrocarburífera. Altamirano indicó que una ciudadana extranjera otorgó permisos a las petroleras, pese a que —según dijo— no vive en el lugar y el terreno no cuenta con saneamiento. “Hay una resolución del INRA que indica que estas personas no pueden otorgar derechos ni desarrollar trabajos en la zona”, afirmó Altamirano.
De acuerdo con su versión, las empresas gestionaron autorizaciones tanto con esta supuesta propietaria como con otro ciudadano extranjero que también reclama el predio, lo que evidencia —según el concejal— una estrategia para viabilizar el ingreso al área pese a la inseguridad jurídica.
Consulta en cuestión
Pero, más allá del conflicto por la tierra, la audiencia giró en torno a la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo sobre un presunto incumplimiento del derecho a la consulta previa. Ibarra sostuvo que no existe claridad sobre cuántas comunidades fueron consultadas. Mientras entidades estatales mencionaron ocho o diez comunidades, la defensa de los comunarios afirma que debieron ser al menos 23. “No tienen conocimiento de cuántas comunidades se ha consultado, por lo tanto no se puede hablar de cumplimiento del requisito”, cuestionó.
El abogado también indicó que durante una inspección ocular realizada el 19 de marzo se evidenció la existencia de trabajos en la zona desde 2023, pese a que —expuso— las empresas habían negado estas actividades.
Audiencia en pausa y decisión pendiente
La audiencia judicial realizada este 24 de marzo, que se extendió por más de cinco horas, fue paralizada a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Agroambiental sobre un recurso planteado por la Procuraduría. El juez determinó que, una vez se conozca esa resolución, se emitirá un fallo en un plazo de cinco días que podría definir si se permite la continuidad del proyecto o su paralización. Mientras tanto, la medida de pausa ambiental se mantiene vigente.
Judicialización de la defensa ambiental
El conflicto también se trasladó al ámbito penal. Según Ibarra, actualmente existen dos procesos contra comunarios que se oponen al proyecto para defender su hábitat. En el primero, iniciado en octubre de 2024, 12 personas serán llevadas a juicio por delitos como atentado contra la libertad de trabajo e instigación a delinquir. En un segundo proceso, otras 17 personas fueron denunciadas, de las cuales cinco enfrentan ambos casos.
El abogado advirtió que, aunque las penas no implican necesariamente cárcel, sí podrían dejar antecedentes penales y derivar en el pago de daños y perjuicios.
Por su parte, la periodista ambiental Jimena Mercado reveló la existencia de un documento firmado en 2023 entre representantes de la comunidad de Saicán y Petrobras, que incluía compromisos económicos para viabilizar el proyecto. Según explicó, se acordó el desembolso de hasta 800.000 bolivianos para proyectos sociales, de los cuales ya se entregó «una primera parte».
Mercado cuestionó que estos acuerdos no incluyeron a todas las comunidades afectadas y advirtió que el proceso careció de transparencia y de una consulta adecuada. “No hubo una consulta de buena fe ni con información completa sobre los impactos ambientales”, señaló en el programa Sumando Voces en Directo.
El concejal Altamirano reconoció que existen posturas divididas en la región. Mientras algunas comunidades rechazan la actividad petrolera por sus posibles impactos ambientales, otras consideran la posibilidad de aceptarla a cambio de beneficios económicos o regalías. Sin embargo, aseguró que la mayoría de la población en zonas como Chiquiacá se opone al proyecto y mantiene su decisión de resistir.
El caso Domo Oso X3 se desarrolla en un contexto de presión estatal por reactivar la exploración hidrocarburífera ante la caída de reservas de gas. Mientras el Gobierno sostiene que el proyecto es clave para la seguridad energética y asegura que se encuentra fuera de la reserva de Tariquía, sectores ambientales y comunarios advierten que los impactos podrían extenderse a ecosistemas sensibles y fuentes de agua.
La decisión judicial pendiente será determinante no solo para el futuro del proyecto, sino también para el precedente legal sobre consulta previa, derechos territoriales y protección ambiental en áreas protegidas del país.
Aquí puede ver el programa completo:
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